Un dibujo, una casa y giros a la Iglesia complicaron a José López

A esposa del exfuncionario se la consideró partícipe necesaria, lo mismo que a los empresarios Galera y Gutiérrez por testaferros. Pidieron investigar nexo con Arzobispado. Monja Inés, con falta de mérito.

José López y Daniel Rafecas

Un boceto a mano alzada de una casa realizado en 2009 fue una de las claves para desbaratar la defensa del exsecretario de Obras Públicas José López sobre el caserón de Dique Luján que decía alquilar, pero que la Justicia confirmó que le pertenecía a través de testaferros. El juez federal Daniel Rafecas amplió ayer su procesamiento por enriquecimiento ilícito, y lo extendió a su esposa, María Amalia Díaz (como partícipe) y a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez (Grupo Farallón), quienes habrían sido los "hombres de paja" a través de los cuales se intentó disimular la posesión del inmueble, valuado en u$s680 mil. Además de elevar su embargo, la Justicia pidió que se investiguen sus nexos con la Iglesia por la cantidad de partidas presupuestarias destinadas al convento de General Rodríguez, donde fue encontrado con casi u$s9 millones el 14 de junio. En cambio, la hermana Inés, quien arrastró los bolsos hacia el interior del monasterio, fue la única beneficiada: se le dictó la falta de mérito ante la ausencia aún de pruebas que la comprometan.

A lo largo de 694 carillas -muchas de ellas con comparaciones de declaraciones juradas patrimoniales y planillas de ingresos y bienes de la AFIP tanto de López como de su esposa-, Rafecas determinó que la versión de que el exfuncionario era un "inquilino" de la finca de Dique Luján, Tigre, era falsa. Determinó que el matrimonio estuvo tras la compra del terreno, la demolición de la anterior construcción y la planificación a medida de la nueva edificación que ocuparían como presuntos inquilinos, pero dando instrucciones de todos los detalles, a través de e-mail, al arquitecto Federico Curcio, cuyo testimonio resultó crucial. "La obra terminada se realizó a imagen y semejanza de los planos a mano alzada que tenía López en su propiedad y que no fueron confeccionados por el arquitecto director de la obra, ni dado su aspecto por ningún arquitecto", sostuvo el juez. Y agregó: "Uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un papel que podría ser un borrador del detalle de llamadas recibidas por el entonces secretario de Obras Públicas el 10/06/2009", destacó el juez. El reverso del papel donde López habría dibujado su modelo de casa delató que dos años antes de comenzar a "alquilar", el exfuncionario sabía exactamente cómo sería la fisonomía de la casa que deseaba habitar.

Asimismo, Rafecas dictó el procesamiento de la esposa como "partícipe necesaria" en el delito de su marido, al tenerse por probado que Díaz participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio de López, desde un comienzo y hasta su finalización, a sabiendas de que los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario de su esposo y del patrimonio familiar previo. Ambos eran socios y ella estuvo tras el control del progreso de la obra.

Galera y Gutiérrez fueron procesados también como "partícipes necesarios" porque fueron sucesivos titulares del dominio (Galera entre 2008 y 2010, y Gutiérrez desde 2010 hasta ahora) cuando el verdadero dueño de la propiedad sería desde un comienzo López. El detenido funcionario dio la orden de construir un gimnasio a un costado de la casa, que alquilaba a un bajo costo.

Sobre el rol "protagónico" de la esposa, el juez detalló que "tuvo su punto culminante" al acercarle Díaz a Curcio "el modelo de la cuña que quería para el contrafrente de la vivienda". Era idéntico a su propia casa de Río Gallegos el ejemplo descubierto tras una pericia fotográfica que la delató.

También se descubrieron muchos contratos y cesiones de fondos con destino al Arzobispado de Mercedes-Luján a cargo del fallecido obispo Rubén Di Monte, por lo que Rafecas realizó una denuncia penal aparte. Elevó los embargos a $220 millones.

Para Celia Inés Aparicio, la religiosa acusada de encubrimiento por el video en el que se la ve ingresando bolsos, se estimó que no hay elementos suficientes como para procesarla o sobreseerla, por lo que se ordenaron más medidas. La mujer, laica consagrada hace 30 años, no cuenta con registros bancarios ni de la seguridad social. Pedirán el testimonio de la hermana María Martha González, con quien convive, para el lunes 12.