En su escrito de acusación, el fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, consideró acreditada la existencia de una "Caja B" con la que el PP se financió ilegalmente, pagó sobresueldos en negro y costeó las obras de remodelación de su sede central bajo la dirección del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Sin embargo, determinó que el PP sólo tiene responsabilidad subsidiaria en los delitos relacionados con el caso, mientras que acusó a Bárcenas, y su predecesor, Álvaro Lapuerta, por apropiación indebida, falsedad ideológica y fraude fiscal. Para ellos pidió cinco años de prisión.
Por su parte, el exgerente del PP, Cristóbal Páez, afronta un pedido de un año y medio de prisión por falsedad ideológica y fraude fiscal.
Asimismo, la Fiscalía reclamó tres años y diez meses de cárcel para el arquitecto Gonzalo Urquijo, y para su socia, Belén García, quienes estuvieron a cargo de la remodelación de la sede del PP que se hizo con dinero en negro.
En tanto, contra el criterio marcado por el juez instructor, Pablo Ruz, el fiscal defendió la postura de que el PP no cometió un delito fiscal en 2008 por no haber declarado las donaciones ilegales que recibió, que ese año ascendieron a 1,5 millón de euros.
La Agencia Tributaria de España emitió un informe que cifró esa evasión en 220.167 euros, aunque aseguró que no existió delito fiscal porque la fuerza conservadora está blindada por ley y no debía tributar por sus donaciones.
En cuanto a los donativos considerados legales, Hacienda indicó que ascienden a los 25.000 euros y, por lo tanto, no superan los 120.000 euros a partir de los cuales se considera delito fiscal. Este último criterio es el que defendió el fiscal Romeral.
Recientemente, Bárcenas presentó un recurso contra la decisión del juez Ruz de procesarlo en el que responsabilizó al presidente Rajoy y a otros máximos dirigentes conservadores del fraude fiscal que se le atribuye a él.
Bárcenas aseguró que ni el gerente ni el tesorero del PP establecían los "criterios jurídico tributarios", sino que esa era una responsabilidad de "los administradores o legales representantes" del partido elegidos por el Congreso Nacional, es decir, los secretarios generales y el presidente del partido.
| Agencias DPA y AFP |
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