Un país en el que el olvido no se discute

Razones jurídicas, políticas y hasta -dicen en España- de celos personales deben ser observadas para analizar el brete en el que se encuentra Baltasar Garzón. Sin embargo, por sobre todas ellas parece sobrevolar una mano invisible que mueve los hilos y que recuerda las dificultades de un país para lidiar con los traumas del terrorismo de Estado.

Es un hecho objetivo que Garzón acumuló, durante más de dos décadas a cargo de su juzgado, varias acusaciones ante tribunales superiores, pero ninguna había dado en el clavo hasta que decidió indagar en los crímenes del franquismo.

Se suma a ello que, por sobre muchos otros (el nacionalismo vasco, la ultraderecha, sectores de las fuerzas policiales, bandas narco, colegas víctimas de su protagonismo), el juez de las decisiones mediáticas supo encolumnar en su contra dos enemigos de peso: el sector felipista del PSOE -por la investigación de la guerra sucia antiterrorista de los GAL en los 90- y gran parte del Partido Popular (PP) -por diversas causas, pero especialmente por el caso Gürtel sobre financiación ilegal que Garzón instruyó en 2009-.

En el orden jurídico, que es el que en la letra condenará o absolverá a Garzón, el nudo de la acusación del supremo Luciano Varela es que aquél «actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España».

Inhabilitación

Por el delito de prevaricato, Varela agitó en su argumentación una probable inhabilitación a su colega de hasta 20 años.

Resulta insoslayable recordar que los tribunales Constitucional y Supremo de España avalaron en su momento la extraterritorialidad para juzgar crímenes de lesa humanidad, aun en el caso de que no hubiera víctimas españolas.

León Arslanian, juez de la Cámara que sentenció a las Juntas Militares argentinas, admite como «una contradicción» de los tribunales españoles aplicar la imprescriptibilidad «en la jurisdicción universal y no en la propia». No obstante, consultado por Ámbito Financiero, Arslanian observa a simple vista puntos discutibles en la actuación de Garzón:  

«Mientras no se declare la invalidez de la Ley de Amnistía, no parece un tema revisable. Primero habría que plantear la nulidad a la luz del derecho internacional y, en función de ello, llevar adelante la investigación».  

«Todo proceso penal tiene por finalidad determinar la responsabilidad de una persona física como posible autora, partícipe o encubridora de un delito. No creo que se pueda abrir un proceso penal sin procesado, teniendo en cuenta que los presuntos responsables del franquismo están muertos».  

«El tema no deja de tener un perfil polémico. Garzón, de alguna manera, está llevando adelante la acción de un historiador, que no es la de quien ejerce la jurisdicción. Sin embargo, es verdad que los derechos humanos tienen peculiaridades que no exhiben otras ramas del derecho, que son su carácter evolutivo y su aplicación retroactiva».

Delitos permanentes

Ante el acoso de sus críticos, Garzón argumentó en 2008 que los delitos de desaparición de personas y de apropiación de menores «son permanentes, cuya comisión o efectos jurídicos son actuales». El juez ahora en el banquillo citó a modo de ejemplo el caso de «miles» de niños que fueron arrebatados a sus padres en los años 40.

Arslanian marca un dato objetivo: la amnistía está vigente en España y no fue objetada por los tribunales superiores pese a que contradice tratados internacionales suscriptos por el país. El proceso contra Garzón -que, cierto es, demoró diez años en mirar dentro de las fronteras de su país lo que juzgaba afuera- exhibe sin disimulo una contradicción flagrante de la Justicia española (y de la «institucionalidad de la democracia», como recordaba el chileno Eduardo Frei cuando precisamente resistía la investigación contra Augusto Pinochet en los 90). En la crudeza de la argumentación de quien hoy le apunta a Garzón queda palmariamente expuesto un dilema que algún día España deberá empezar a superar.