Un tucumano para controlar a Moyano en obras sociales

• Hombre de Manzur, pero el camionero domina la línea

Hugo Moyano

El ministro de Salud, Juan Manzur, se anotó ayer una victoria al ubicar a un hombre suyo al frente de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo clave que se encarga de repartir al año $ 1.400 millones entre las obras sociales sindicales. El abogado tucumano Martín Alves fue nominado para reemplazar al también letrado Daniel Colombo Russell, un asesor del sindicato de camioneros que debió renunciar al organismo ante la imposibilidad de agilizar los reintegros a los gremios por el fantasma de la causa judicial de la llamada «mafia de los medicamentos».

Alves deberá lidiar, sin embargo, con una legión de funcionarios afines a Moyano, cuyo protagonismo se presume crecerá con el cambio en la cúpula de la APE. Entre ellos se destaca Hugo Sola, que estuvo al frente del organismo durante un breve lapso por ausencia de un gerente general y que en la actualidad reviste como asesor ene la estructura.

También seguirán en sus cargos los gerentes de Jurídicos, Abel Beroiz (hijo del asesinado tesorero de la Federación de Camioneros, del mismo nombre), y de Informática, Cristian Asorey, así como la encargada de Rendición de Cuentas, Ana María Navas. Sola fue procesado por el juez federal Claudio Bonadío en la causa en la que se investiga un presunto fraude de la obra social de camioneros (Oschoca) con expedientes de la APE, en tanto que Navas quedó en la misma situación pero en el sumario que lleva adelante Oyarbide.

En minoría quedará el gerente de Prestaciones Médicas, Donato Spaccavento, médico de Cristina de Kirchner y de quien se dice reporta de manera directa al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Son multitud quienes dicen eso para vivir mejor.

El nuevo gerente general, sin vinculación directa con sindicatos, se desempeñaba hasta ayer como gerente de Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), adonde había llegado de la mano de Manzur y de otro de sus hombres de confianza, Mario Koltan. Tanto Koltan como Alves (trabajaron juntos en la Caja Popular de Ahorros tucumana) y el actual gerente de Control de Gestión de la APE, Angel Aragón, vienen de la provincia y se desempeñaron a las órdenes de Manzur antes de su nombramiento al frente de la cartera sanitaria nacional.

En julio de 2009, tras un período de acefalía, el ministro intentó poner a cargo de la APE a Koltan. En menos de 24 horas la presión de Moyano surtió efecto y el tucumano fue reemplazado por Colombo Russell. Desde entonces Koltan quedó como asesor directo del ministro.

La designación de Alves fue el fruto de una suerte de pacto de caballeros entre el ministro y Moyano. Por primera vez en años el camionero resignará poner como número uno del organismo a un abogado propio, como había hecho con Colombo y antes con Sola y Juan Rinaldi. A cambio, el sindicalista mantendrá el monitoreo de la APE a través de las segundas líneas.

Como muestra de esa influencia, en el organismo dijeron que, incluso sin un puesto jerárquico formal, Sola se encargaba hasta ahora de agilizar los trámites que llegaban por «vía de excepción»: son los tratamientos que no están previstos en los reintegros de la APE, pero cuyo elevado costo habilita a las obras sociales a pedir reembolsos para evitar un desbalanceo financiero.

Alves tendrá por delante la tarea de destrabar los pagos a las obras sociales, que en la actualidad alcanzan a menos de la mitad de los ejecutados a esta altura del año pasado. Para ello, como adelantó este diario, se aplicará un nuevo sistema de trazabilidad de los medicamentos a través de un acuerdo que firmará Salud con las tres cámaras que nuclean a los laboratorios. De ese modo, se podrá conocer en detalle el trayecto de un remedio desde su elaboración en un laboratorio hasta su uso por parte de un paciente.

En el Ejecutivo esperan que con el mecanismo se evitará la circulación de medicamentos robados, adulterados o vencidos, así como de troqueles en esas condiciones, eje de las investigaciones judiciales de Oyarbide y Bonadío.