Una canilla de pagos imparable

Las denuncias por el presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Estado al grupo de aseguradoras Accolade Pool, realizadas en diciembre por los titulares de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Raúl Pleé, sacudieron el letargo del verano judicial. El caso nació a partir de un reclamo de un grupo de aseguradoras, por unos que habrían sido firmados a principios de los 80 con la hoy liquidada Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y escaló por vía administrativa hasta convertirse en un desembolso millonario (las aseguradores en un comienzo demandaban $ 9 millones aproximadamente) al contado, que despertó sospechas en el propio ministerio, al punto de iniciar un sumario interno y remover de su cargo político a quien había autorizado el pago: Juan Cayetano Intelisano.
El reclamo había recorrido los pasillos de Economía durante años, a medida que la Justicia argentina desestimaba una y otra vez la demanda, debido a la falta de pruebas (los contratos firmados, por ejemplo, nunca fueron presentados). A pesar de estos fallos, las aseguradoras avanzaron en su querella por la vía administrativa. Según la denuncia, existieron tres actores clave para que se produjera este progreso: el ex subsecretario de Legales Osvaldo Siseles (a quien se lo acusa de ser el supuesto contacto de la aseguradoras en el ministerio y de dar vía al expediente, si bien ya no era funcionario cuando se produjo el pago), la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink (quien habría prestado conformidad para el desembolso y ordenado que se pague en efectivo) y el ex director de Administración y ex subsecretario de Administración Patrimonial Juan Cayetano Intelisano (señalado como quien autorizó y realizó el pago).
A partir de estas tres instancias (en las que también intervinieron la SIGEN y la Procuración del Tesoro prestando conformidad al pago), el supuesto pago se disgregó en más de 20 empresas, la mayoría sociedades anónimas y sin domicilio declarado. Una operatoria por la que se acusa a los supuestos responsables de presunto lavado de dinero, y que tiene como principal señalado al empresario croata Johann Holjevac.
Tampoco es la primera vez que se descubren graves irregularidades dentro de la estructura del ministerio: los casos Meller y Greco (por el que Eggink y Siseles están procesados) dieron cuenta de una estructura interna que funcionaría hace años y que habría realizado presuntos pagos ilegítimos por casi $ 480 millones, a través de causas judiciales, que no se habrían debido pagar. En el centro de este escenario se encontraría Holjevac, quien gestionaría negocios desde los 90 con funcionarios del ministerio.