Una jueza porteña ordenó a empresa pagar impuesto

Néstor Grindetti

 La jueza porteña en lo contencisoso administrativo Cecilia Lourido rechazó una presentación interpuesta por una empresa contra la multa de 25 mil pesos que le fue impuesta por no tributar los ingresos brutos.

La firma Fabripack SA recurrió a la Justicia con el objetivo de impugnar la multa que le impuso la Dirección General de Rentas, que depende del Ministerio de Hacienda. La empresa sostuvo que se consideraba exenta de pagar ese tributo.

Desde 2012, con la modificación en la normativa de los Ingresos Brutos, es habitual que tanto pymes como grandes empresas inicien litigios contra dicha ley en los tribunales de la Ciudad. También se han presentado quejas en la cartera de Néstor Grindetti.

Uno de los principales argumentos que las firmas suelen alegar en la instancia judicial es que los mecanismos de exclusión del gravamen suelen ser inaccesibles por la cantidad de requisitos y por las trabas administrativas.

En el caso de Fabripack, se cuestionó la multa ya que "por considerarse exenta, no ingresó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos".

Desde la dirección del Gobierno porteño argumentaron que la empresa "nunca pudo considerarse exenta toda vez que tributó por lo que consideró que "no ha incurrido en error excusable".

"Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta", sostiene la sentencia de la magistrada.

Al mismo tiempo, la jueza expresó que "la infracción de omisión de impuestos no requiere, para su configuración, un obrar doloso". Sino que sólo basta que el "contribuyente no cumpla con el pago o lo haga en manera inferior a lo que en verdad corresponda".

Los litigios contra la normativa de Ingresos Brutos han ido en aumento en todas las provincias. En mayo del año pasado, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció ante el fuero penal casos de evasión. Realizó una presentación contra tres empresas que en conjunto adeudan 200 millones de pesos en impuestos.

Desde 2012 en el ámbito bonaerense rige una ley penal impositiva que prevé penas de prisión para los incumplidores.

En los últimos meses la jueza Lourido trató expedientes sensibles para el Gobierno porteño.

Rechazó el pedido de medida cautelar presentado por legisladores de la oposición que aspiraban a evitar la apertura al público de la estación Juan Manuel de Rosas del subte B. La presentación se había realizado a partir de una solicitud del gremio de empleados del subte.

También intervino en las causas contra la pavimentación de calles adoquinadas en el barrio de Palermo en las cuales emitió una cautelar contra la municipalidad y las firmas constructoras que ejecutaban los trabajos para que éstos sean interrumpidos.