Una orden firmada por Kirchner que se frenó

El escándalo conocido como caso Greco comenzó en la década de los 80, cuando la dictadura militar intervino las casi 40 empresas y bancos del grupo mendocino muchas al borde de la quiebra y poniendo en riesgo la economía de esa provincia, iniciando un litigio entre el Estado y los empresarios. Siguió durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se firmó un acuerdo para compensar deudas y devolver empresas a los Greco, que nunca se cumplió por ambas partes, pero tuvo su estallido el final el 29 de noviembre de 2006. Ese día, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en el que se solicitaba autorización al Congreso para ampliar la emisión de bonos destinada en 2006 a cancelar deuda consolidada en $ 1.300 millones más. Los diputados no sólo lo aprobaron sin chistar, sino que lo hicieron sin investigar a qué se destinarían esos nuevos títulos de deuda por emitir.

El apuro oficial por sancionar el proyecto era tal que esa misma noche se pidió al Senado que lo votara. Miguel Pichetto negoció con el radicalismo y fue ésa la primera vez que el radical jujeño Gerardo Morales entró en escena, al oponerse a dar el número necesario para sancionarlo sobre tablas. Pichetto, entonces, dio marcha atrás. Hubo un segundo intento de votación del proyecto en el Senado el 6 de diciembre de ese año. Morales y Ernesto Sanz, presidente del bloque UCR, fueron tajantes: «No hay debate hasta que no se aclare qué deudas se pagarán con estos bonos». Objetaban un rubro de esa liquidación que aparecía bajo el nombre deudas con proveedores y sumaba $ 710 millones en valor nominal de los bonos. Por esos días visitó la Comisión de Presupuesto y Hacienda otro funcionario de Economía, Raúl Rigo, subsecretario de Presupuesto de la Nación. Ante el pedido de explicación de los radicales, juró no conocer el contenido de las órdenes de pago imputables a esos nuevos bonos, pero prometió enviar la información. Hubo otro intento del Gobierno en medio de esa negociación por aprobar la nueva emisión de bonos eliminando los montos cuestionados, pero curiosamente se dejó de lado, aunque la oposición no cuestionaba esa opción. En la UCR ya existían informes sobre un pago oculto a los Greco. El 7 de diciembre, esa información llegó al Senado. Fue a través de un mail que adjuntaba las planillas con las órdenes de pago imputables a ese rubro de «deuda con proveedores». Estaba remitido por Jorge Amado, director nacional de Deuda Pública Consolidada y enviado a Jorge Capitanich, el presidente de Presupuesto y Hacienda. Figuraban allí las órdenes de pago por $ 123,6 millones a favor de José Greco, Oscar Francisco Greco y Héctor Osvaldo Greco, $ 61,8 millones a Libertad Graciela Bassil y Jorgelina Bassil en partes iguales, y $ 104,4 millones a Margarita Granzotto de Greco. Con ese mail, Capitanich voló al despacho de Morales. La escena la relatan algunos de los presentes allí. Morales estaba reunido con dos radicales, Ángel Rozas y Alejandro Nieva, cuando ingresó de improviso Capitanich. Sin reparar en que estaba presente un enemigo de años de su Chaco natal (Rozas), Capitanich lanzó: «Gerardo, tenés razón, Miceli nos mintió. Hay un pago a los Greco metido dentro de los bonos. Me hicieron poner la cara». El resto de los acontecimientos se precipitó inmediatamente. El propio kirchnerismo ordenó suspender todo trámite de pago. El radicalismo votó junto con el oficialismo en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas ordenar a la Auditoría General de la Nación que interviniera en el caso. Hasta en un asado de fin de semana en la residencia de Olivos, Cristina de Kirchner y Alberto Fernández le recomendaron a Néstor Kirchner ponerse a la cabeza de la investigación para frenar el costo político del escándalo. Los radicales, entonces, tomaron la causa como una bandera e iniciaron una investigación. Utilizando un decreto presidencial que obliga a abrir información oficial al conocimiento público (la Ley de Acceso a la Información), interrogaron a Miceli sobre el procedimiento que se llevó adelante en el Ministerio de Economía para habilitar ese pago y pidieron la creación de una comisión investigadora. Miceli, sin responderles -aunque sí lo hizo por ella la Jefatura de Gabinete, consignando que la ministra no proveía datos sobre el tema-, ordenó el 19 de diciembre investigar a todo su ministerio. El resultado de esa pesquisa obligó al Ministerio de Economía, con Miceli ya renunciada por la causa de la bolsa con dinero en el baño de su despacho, a abrir todos los archivos sobre el caso Greco y generó las investigaciones, juicios y los procesamientos que aún siguen en la Justicia.