Una señal para los jueces (déjà vu, dos ausencias y el “280”)

La determinación de ayer de los ministros respecto de la figura de la reincidencia deberá entenderse, en los próximos días, como una señal contundente hacia el interior del Poder Judicial. El artículo 280, del código de procedimientos, fue el vehículo elegido por cuatro de los siete supremos para remitir el caso a la Casación Penal y eludir un pronunciamiento de fondo. El máximo tribunal apela con frecuencia a este trámite, ya que no se encuentra en condiciones de opinar sobre todos los temas que llegan a su mesa de entradas. Además, el artículo 280 no sienta precedentes ni implica una resolución a la cual deban atenerse los jueces de las instancias inferiores.

Para ciertas vocalías de la Corte, el debate actual por la reincidencia tiene un exceso de contenido penal cuando, en realidad, el fondo de la cuestión plantea disputas de orden constitucional. La reincidencia es constitucional en algunas provincias e inconstitucional en otras, según consta en sus respectivas leyes.

Una definición hacia cualquiera de las dos posturas garantiza nuevos litigios en los cuales, por el momento, el máximo tribunal prefiere no intervenir.

Un dato que circuló en el cuarto piso del Palacio de Tribunales: a fines de 2013 la Corte debió entender en un caso similar al de ayer. La carátula era "Álvarez Ordóñez" y la definición fue calcada, ya que Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Enrique Petracchi se inclinaron por no resolver, mientras que Eugenio Zaffaroni votó en disidencia.

Ayer Carlos Fayt no comunicó su posición. El ministro decano, siempre tercero en el orden de las firmas de los martes, simplemente no se expresó cuando el asunto pasó por su vocalía tiempo atrás. Ricardo Lorenzetti se encuentra de viaje por motivos académicos y volverá recién el lunes. La semana pasada tampoco se pronunció sobre otro asunto sensible: la validez en el país de las sentencias del juez de Nueva York Thomas Griesa.

La Corte cristalizó una percepción interna: un plenario en la Casación no tiene demasiado sentido no sólo por las interpretaciones de actualidad, sino porque, para los ministros, sus conclusiones no tendrán impacto en las instancias inferiores de la Justicia penal.

Argibay, la penalista que tiene la Corte además de Zaffaroni, es de la idea de que el debate debe ser en el Congreso, en el ámbito de la política. La jueza es crítica cuando observa que los magistrados se introducen en conflictos que no les son propios. Por eso tampoco acompañó la idea de Lorenzetti de crear comisiones de jueces para plantear propuestas de políticas de Estado para el Poder Judicial.

Por cierto: hasta ahora, en el cuarto piso nadie sabe a ciencia cierta cuál será el destino de los papers que han formulado los jueces y que descansan, desde el mes de diciembre, en la oficina del secretario de Gestión del tribunal, Alfredo Kraut.

La Corte no se pronunciará oficialmente sobre la reforma penal, como tampoco ocurrió con la reforma del Código Civil y Comercial. Son cuestiones que se consideran limitadas a las vocalías de quienes las impulsan: Zaffaroni la primera, Lorenzetti y Highton de Nolasco la segunda. El Centro de Información Judicial ayer no difundió la resolución en cuestión.

El debate por la reforma penal no entusiasma a los ministros, especialmente por las expresiones que dominan el escenario. A esto se suma el dato que ya se conoce en la vocalía de Zaffaroni y que indica que en el despacho del jefe de la bancada del Frente Renovador en el Congreso, Dario Giustozzi, se han desarrollado algunos encuentros con abogados penalistas para escuchar ideas sobre el proyecto. Antes de comenzar estas reuniones, los asesores de Giustozzi suelen avisar a los visitantes que nadie en la bancada ha leído el proyecto entero y que tampoco hay demasiado interés en esa tarea.

El máximo tribunal se aboca, mientras tanto, a otros issues como es el caso del narcotráfico, tema que instaló la Iglesia (ver nota aparte) y que luego la Corte profundizó. Los ministros mantienen su idea de lanzar una comisión interpoderes que se dedique a funciones de seguimiento, aunque observarán el curso de los acontecimientos y las reacciones ante éstos, antes de darle el envión final.

Sí será una realidad, y en el corto plazo, una nueva oficina que funcionará en el ámbito del tribunal y que estará dedicada a los casos de personas desaparecidas o extraviadas. Funcionará en sintonía con la Red Solidaria, lo cual le da sentido a la presencia del dirigente Juan Carr en la apertura del año judicial.