10 de noviembre 2009 - 00:00

Uruguay: campaña, lejos ya de ser un modelo de civismo

Montevideo - La campaña electoral uruguaya, que venía atravesada por duras acusaciones ya desde la primera vuelta, entró en el terreno de la denuncia judicial, el insulto y la descalificación entre los candidatos presidenciales. Como consecuencia de ello, ayer se frustró la negociación para realizar un debate por TV entre el oficialista de izquierda José Mujica y el opositor conservador Luis Alberto Lacalle.

Los contactos para establecer las condiciones de ese posible debate se habían iniciado la semana pasada entre representantes del oficialista Frente Amplio (FA) y el opositor Partido Nacional (PN), pero finalmente los asesores del senador y ex guerrillero Mujica le aconsejaron negarse al encuentro.

El factor que desbarató el debate y llevó la campaña a un terreno de violencia verbal extrema fue el extraño hallazgo hace días de un inmenso arsenal, un episodio que derivó en la muerte de su poseedor, un contador que resistió a tiros durante 18 horas cerca de Montevideo, y de un policía. Desde el PN y el Partido Colorado, que apoya a Lacalle para el balotaje, acusaron al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, integrante de la alianza oficialista, de tener vínculos con el arsenal que incluía 700 armas. El que llevó la voz cantante de la denuncia fue el ex presidente colorado Jorge Batlle (2000-2005), pero el propio Lacalle no se quedó atrás.

La gota que rebasó el vaso, en la visión de los frenteamplistas, fue que durante el pasado fin de semana fueron divulgados avisos televisivos sin identificación que vincularon sin ningún matiz al oficialismo con las armas, abrevando en el pasado guerrillero de Mujica.

Ayer Mujica respondió en su blog «Pepe tal cual es»: «Batlle y Lacalle, ¡qué dupla! Como en aquella película: juntos son dinamita. Literalmente, porque dinamitaron el país en los años en que gobernaron juntos». En la nota titulada «Batlle & Lacalle SA», el postulante oficialista resumió que «ambos forman una empresa dedicada a producir espectáculos de humor, con el siguiente reparto de tareas: Batlle hace payasadas y Lacalle trata de cobrar la entrada».

«Previamente a que se enrareciera el clima electoral éramos partidarios de la realización de un debate entre fórmulas. Pero se generaron hechos muy graves en los que no se le dijo la verdad a la población, se la engañó y nos agravian», afirmó el diputado Enrique Pintado, que integra el comando de campaña del FA. El legislador informó que la alianza iniciará acciones judiciales contra el PN por considerar que fue difamado. Además, Mujica emitió un comunicado con el siguiente texto: «En uso de los derechos que me otorga la ley, he decidido prohibir el uso de mi imagen y mi voz en cualquier pieza publicitaria que no sea del Frente Amplio».

A su vez, dirigentes de la oposición aseguraron que la fórmula oficialista buscó «excusas» para no debatir públicamente. «Se ha buscado una serie de fuegos artificiales y de excusas», dijo el diputado nacionalista Javier García.

Los debates son poco usuales en las campañas electorales uruguayas, y el último se concretó en 1994.

Mujica y Lacalle pasaron a segunda vuelta al obtener el 25 de octubre pasado un 47% y un 29%, respectivamente. El oficialista tiene dificultades para sumar adhesiones más allá de los del frente centroizquierdista, mientras que el opositor y ex presidente Lacalle (1990-1995), quien también suma altos índices de rechazo, logra gran parte de los apoyos colorados (17% el 25 de octubre). Éstos, tradicionales rivales de los «blancos», casi borraron sus diferencias ideológicas ante el crecimiento del FA desde mediados de los 90.

Según sondeos difundidos en los últimos días por encuestadoras privadas, el próximo 29 de noviembre Mujica recogería entre un 47% y un 50% de los votos, mientras que la adhesión a Lacalle oscila entre a el 40% y el 42%, sin proyección de indecisos.

El sucesor del presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, será el que obtenga la mayoría de los sufragios. El nuevo mandatario debe asumir funciones el 1 de marzo de 2010, por cinco años.

Agencias AFP, DPA y ANSA

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