Usarán al “arrepentido” en pelea contra inflación

• LA FIGURA ESTÁ INCLUIDA EN LA NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA QUE SE REGLAMENTÓ AYERA instancias de Vidal el Gobierno apuró el instrumento legal. En Comercio terminaron las reuniones con empresas alimenticias y de consumo masivo en las que analizaron la evolución de costos.

Esteban Grecco. El titular de la CNDC rescató el Capítulo VIII de “clemencia” para quienes confiesen maniobras de cartelización.

El Gobierno ya cuenta con la herramienta para controlar que las empresas no se pongan de acuerdo para subir los precios de manera cartelizada o arreglar licitaciones. Apresuró su puesta en marcha a pedido de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, preocupada por el incremento de los precios en alimentos y productos de primera necesidad, al compás de la devaluación. Se trata de la Ley de Defensa de la Competencia, que lleva el número 27.442, y quedó promulgada ayer por decreto presidencial.

Lo más interesante que tiene la nueva norma es el Capítulo VIII, una suerte de "ley del arrepentido" para empresarios que se hayan encontrado en maniobras de cartelización para subir precios o impedir ingreso de terceros. Piadosamente ese punto de la ley se denomina "de clemencia". Lo pensaron los autores de la norma, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La legislación estipula que las prácticas comerciales prohibidas que pueden ser objeto de delación son: concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado; establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes o servicios; repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal zonas, porciones o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento; y establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas.

Todo ello podrá ser informado por un arrepentido ante el Tribunal de Defensa de la Competencia "acogiéndose al beneficio de exención o reducción de las multas", dice la ley, según corresponda.

El tema fue destacado por el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Esteban Grecco, durante una presentación sobre el mercado del transporte de colectivos de larga distancia (ver página 8).

En momentos en que las miradas del Gobierno apuntan hacia las alimenticias y las compañías de consumo masivo, Grecco destacó que su organismo ya tiene en marcha varias investigaciones en curso. Algunas de ellas son producto de denuncias y otras constituyen actuaciones de oficio. Las investigaciones alcanzan también a otros sectores.

La ley de Defensa de la Competencia, conocida también en algún momento como "Ley Carrió", es la vaina que blandieron desde el Ministerio de la Producción para tratar de amedrentar incrementos de precios que estuvieran por fuera de los carriles que marca la devaluación.

Ayer terminaron de desfilar por el despacho del secretario de Comercio, Miguel Braun, directivos de las más importantes empresas de consumo masivo del país. Estuvieron representantes de Danone, Mondelez, Mastellone, Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever,Kimberly Clark, Coca Cola, Quilmes, Molino Cañuelas, Baggio, Clorox, Adeco, Ledesma, Pepsico, Aceitera General Deheza; Procter & Gamble, Las Marías, Bimbo, La Virginia, Dulcor, Tabacal, SC Johnson & Son, Nestle y Milkaut.

Cada directivo tuvo una breve charla individual con Braun, en la que fueron consultados sobre algunos aspectos de su cadena de valor, costos y números. Fuentes del Ministerio de la Producción indicaron que como muchas empresas son competidoras entre sí, hay información sensible que no pueden revelar. Además, quieren escuchar si sus versiones coinciden.

La nueva ley además ordena crear una comisión especial integrada por el ministro de la Producción, el secretario de Comercio, el presidente de la Autoridad Nacional de la Competencia (ex CNDC), diputados y senadores de las comisiones que siguen el tema. El objetivo será redactar un anteproyecto de ley para asegurar espacios en las góndolas de los supermercados para las pequeñas y medianas empresas.

Una primera ley de Defensa de la Competencia fue sancionada durante la presidencia de Carlos Menem en los años 90, la cual no estuvo operativa porque establecía la creación de un tribunal que nunca se integró. Ninguno de los gobiernos siguientes lo hizo, por lo cual la función recayó en el Secretario de Comercio. Durante el período de Gobierno de Cristina de Kirchner esa función la ejerció el polémico Guillermo Moreno.