Usurpación potenció puja Cristina-Scioli

Julián Domínguez

La usurpación de un barrio donde se construyen viviendas del Plan Federal en Bahía Blanca repotenció la tensión entre la Casa Rosada y el Gobierno bonaerense, a partir de críticas cruzadas, presiones y los coletazos de las internas del PJ bahiense.

A principios de esta semana, unas 50 familias ingresaron en un predio del barrio Villa Delfina, donde avanzan las obras de construcción de viviendas como parte del Plan Federal llevado adelante por el Gobierno nacional. Lo que parecía un episodio menor fue ganando intensidad y se extendió.

La discusión creció con las horas entre cruces de responsabilidades: la Casa Rosada imputó a la provincia no enviar a la Policía bonaerense a intervenir; el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, dijo que la Justicia no dictaba la orden de desalojo, y la Justicia pidió la actuación de Gendarmería.

El Gobierno nacional avisó que no enviaría efectivos de fuerzas nacionales y le pidió a Scioli que haga actuar a la Policía. La presión fue más lejos: a la provincia, en formato de intimación, llegó el planteo de que si no se resolvía la crisis de Bahía no habría «más viviendas» para Buenos Aires.

La intervención de la Presidente, pero que involucró a funcionarios y legisladores, fue a partir de la presunción de que el conflicto por la usurpación tiene un lado netamente político relacionado con la agitada interna del peronismo de Bahía Blanca.

En esa ciudad del sur se torean dos sectores: uno del exintendente y actual ministro de Producción bonaerense, Cristian Breitestein, y del otro lado, el exdiputado Dámaso Larraburu, figura que incide sobre los movimientos del intendente local, Gustavo Bevilacqua. Antiguos socios, los dirigentes tomaron distancia en el último tiempo.

Aparecen, a su vez, otros actores: Julián Domínguez tiene buena relación con el alcalde y a Florencio Randazzo reporta un sector del FpV bahiense, por lo cual la situación tiene varios pliegues que no hicieron otra cosa que potenciar las sospechas y los cruces.

Los ocupantes prometieron resistir -»estamos dispuesta a ir presas», dijeron las mujeres apostadas en el lugar-, y ayer desde el municipio se lanzó un ultimátum.

El secretario comunal de Salud, Diego Palomo, dijo que los que continúen usurpando casas quedarán excluidos de planes de viviendas presentes y futuros y de todo beneficio social que perciban o quieran percibir más adelante.

«El municipio no va a cooperar con un delito -dijo Palomo-. Toda aquella persona que participe de una usurpación va a quedar inmediatamente eliminada de cualquier lista de acceso a viviendas, tierras o planes sociales».