Venegas, a la Corte por disputa judicial contra el Gobierno

Gerónimo Venegas

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) sufrió un nuevo revés judicial al revocar la Cámara Federal de Seguridad Social porteña las dos medidas cautelares que suspendieron la aplicación del nuevo estatuto del peón rural, aprobado por el Congreso en diciembre pasado. Si bien los abogados del gremio ya preparan un escrito para apelar el fallo de la alzada ante la Corte Suprema de Justicia, por el momento el normalizador designado por el Gobierno, Marcelo Maffé, está autorizado para permanecer en el Renatre, como había dispuesto una resolución de primera instancia de la Justicia laboral.

En diciembre pasado, la UATRE había iniciado dos acciones de amparo para impedir la disolución del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), un ente autárquico dedicado principalmente a la inscripción de trabajadores y empleadores rurales de todo el país y a administrar los subsidios de desempleo del sector.

Este organismo, según el nuevo estatuto del peón rural aprobado a fines del año pasado, sería reemplazado con la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Esta transición, sin embargo, quedó trunca debido a que el juez de primera instancia del fuero de Seguridad Social, Alberto Ize, aceptó el planteo de la UATRE y, justo antes de que comenzara la feria judicial de enero, dictaron dos medidas cautelares que impedían aplicar el nuevo estatuto, al menos hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

Todo eso se revirtió con el nuevo fallo de la Cámara de Seguridad Social, que habilitó la feria para analizar la apelación del Gobierno. El viernes pasado, la sala de turno decidió por unanimidad revocar las medidas cautelares y permitir así la permanencia de Maffé en el Renatre, quien desembarcó el lunes de la semana pasada a la madrugada en el edificio de la entidad, custodiado por la Gendarmería Nacional.

Argumentos

Los camaristas Victoria Pérez Tognola, Nora Dorado y Juan Poclava Lafuente cuestionaron el procedimiento seguido por las medidas cautelares y sostuvieron que la viabilidad de esta medida «se halla supeditada -como en todas las medidas cautelares- a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la acreditación de contracautela».

En este punto, la alzada consideró que estas exigencias no parecían debidamente justificadas «pues no resulta suficiente el mero enunciado del dictado de la Ley 26.727 y la trascripción literal de citas jurisprudenciales, sin que mínimamente se precise el derecho inminentemente lesionado».

La resolución de la cámara también indica que no se encontraba suficientemente fundamentado el argumento de peligro en la demora, ya que «en modo alguno acredita cuál es el perjuicio que producirá la alteración del estado de hecho y de derecho existentes a partir de la aplicación de la normativa impugnada».

Vigencia

Por último, la resolución del tribunal indica que los amparos impulsados por la UATRE omitían «toda referencia a la exigencia de la contracautela, recaudo que el amparista pretende cumplimentar mediante la caución curatoria». En este sentido, los camaristas resaltaron que estaba vigente la Ley 26.727 de trabajo agrario, aprobada por el Congreso en diciembre pasado.

Como ya había anunciado la semana pasada, Venegas remarcó en diálogo con este diario que el gremio iba a respetar el fallo de la Justicia y que, por el momento, no iba a tomar medidas, a pesar de que la UATRE se encuentra en estado de alerta y movilización hace semanas. El dirigente sindical se lamentó de que la cámara «convalidara la entrada de un intruso» (en referencia a Maffé) en el Renatre, pero aseguró tener confianza en las intenciones y argumentos del tribunal.

También recalcó que la UATRE se estaba limitando a preparar el escrito de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, ya que es la Justicia «la que tiene que definir la cuestión de fondo» planteada en la denuncia del gremio.

Por otro lado, Venegas -conocido opositor del Gobierno- recordó que, cuando finalizaran las vacaciones de enero, se iba a reunir con varios dirigentes sindicales para analizar la relación con el oficialismo, especialmente la situación de las obras sociales de los gremios. «Si algo demuestra nuestro caso es que el Gobierno puede entrar en cualquier lado como hicieron con el Renatre», aseguró Venegas, en referencia al fallo del fuero laboral que permitió el ingreso del normalizador y que no fue reconocido por el sindicato.

El gremialista lanzó además una advertencia al destacar que, cuando la gente regresara de sus vacaciones y se enfrentara «con los aumentos de tarifas por la quita de subsidios, no va a ser sólo Venegas el enojado».

Por el momento, a la UATRE sólo le queda preparar la apelación ante la Corte Suprema y esperar, mientras Maffé se afirma en el Renatre, avanza en el análisis contable de la entidad y el Ministerio de Trabajo designa el comité consultivo que actuará en el organismo. El normalizador permanecerá en esta función al menos durante 60 días.