El documento que acusa a la presidenta suspendida de Brasil de haber "atentado contra la Constitución" fue aprobado por 14 votos a favor y 5 en contra en la última sesión de una comisión de senadores que fue responsable de la instrucción de un proceso que ahora pasará al pleno del Senado, que tendrá la última palabra.
El presidente de la comisión, Raimundo Lira, se abstuvo de votar, pese a que manifestó su opinión favorable al informe del instructor, Antonio Anastasia, quien consideró a Rousseff culpable de diversos delitos relacionados con la gestión de los presupuestos.
La votación supuso también la conclusión de los trabajos de ese cuerpo, que durante casi tres meses escuchó a 39 testigos de la defensa y apenas cuatro de la parte acusadora y cuyo informe final será remitido al pleno del Senado, que se reunirá para una primera votación el próximo martes. Si el informe aprobado por la comisión fuera respaldado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, el pleno del Senado será convocado para una última y definitiva sesión por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski.
Según los plazos legales del proceso, esa última sesión deberá realizarse a fines de este mes y se calcula que podría durar entre tres y cinco días, debido a que habrá espacio para debates y para la presentación de testigos de la acusación y la parte acusadora.
En esa definitiva instancia, Rousseff será despojada del cargo en caso de que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de la Cámara alta. Se considera prácticamente seguro que Rousseff será apartada permanentemente de su cargo.
Rousseff está suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político en el que se la acusa de irregularidades en el manejo del Presupuesto, la contratación de créditos para el Gobierno con la banca pública y la emisión de decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso. Se trata de prácticas contables destinadas a "maquillar" las cuentas públicas en las que han incurrido todos sus antecesores, sin que hasta ahora se las considerara delito de responsabilidad, requisito que impone la Constitución para un proceso de "impeachment".
Desde esa fecha, su cargo lo ocupa en forma interina su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, a quien la mandataria acusa de haber orquestado un golpe y que completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
Rousseff vio por televisión la votación de ayer junto a unos pocos miembros del equipo que continúa con ella en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia, que aún ocupa. En los últimos días, la mandataria no fue vista en público y tampoco se reunió con miembros del Partido de los Trabajadores (PT), que la llevó al poder y del que parece haberse distanciado. En el PT, según fuentes políticas, fueron muy mal recibidas unas declaraciones de Rousseff, quien afirmó que el partido debería hacer un "reconocimiento público de sus errores", en alusión a los varios asuntos de corrupción en que están implicados muchos de sus líderes. Un indicio de ese distanciamiento se vio ayer en una reunión que la dirección nacional del PT celebró en su sede de San Pablo, en la que la situación de Rousseff ni siquiera figuró en la agenda.
| Agencias EFE, DPA y Reuters, |
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