Vuelve puja clásica por pase judicial a Capital

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 El traspaso de nuevas competencias a los jueces porteños será, ineludiblemente, una de las cuestiones que animen los últimos días del año independientemente de quien triunfe en la carrera por la presidencia.

Si el victorioso fuera, en segunda vuelta, Mauricio Macri sería casi un hecho no sólo el traspaso a los jueces porteños de las atribuciones para investigar delitos contra la administración (cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, etc.), sino también el traspaso de jueces, edificios y recursos. En cambio, ante un triunfo de Daniel Scioli el traspaso de facultades también existiría -tal como ha dado a entender el gobernador - aunque habría que acordar los recursos ya que la Ciudad actualmente rechaza cualquier transferencia sin el presupuesto correspondiente. Desde ya, de triunfar el PRO este debate no sería un inconveniente.

A pesar de ser un tema técnico ya incide en la política. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta no le encuentra sentido a desdoblar la cartera de Justicia y Seguridad si la Justicia de la Capital no experimenta una ampliación de competencias y estructuras. Esto genera algún inconveniente porque el sector que responde al boquense Daniel Angelici se había entusiasmado con la posibilidad de controlar un ministerio. Por ahora, el escenario más favorable sólo habla de una secretaría que tal vez dependa de la Jefatura de Gabinete porteña.

Respecto del Consejo de la Magistratura, allí se da casi por descontado que el legislador macrista Enzo Pagani (también cercano a Angelici por la actualidad de Boca) asuma la presidencia en lugar del peronista Juan Manuel Olmos. Sin embargo, entre los jueces de la Ciudad, que elegirán a sus representantes el año que viene, se ha instalado la idea de que, en caso de que avance el traspaso de competencias, la presidencia del organismo colegiado debería volver a votarse para que un magistrado escale posiciones.

Liderazgo

Esta idea de liderazgo viene con el argumento de que la mayoría de los jueces de la Ciudad rechazan ampliar sus competencias para investigar delitos más complejos que faltas o contravenciones y que por eso sería un gesto de confianza que la Magistratura local sea conducida por un juez.

El recelo para con esta innovación está en que actualmente los juzgados de la Ciudad no tienen personal idóneo para investigar casos de corrupción y además, debe decirse, los jueces no ven con buenos ojos abandonar su presente de sueldos altos, poca carga laboral (no por rechazo al trabajo, sino por falta de casos) y viajes alrededor de todo el globo para cursos y seminarios cuyo sentido a veces resulta esquivo.

En el caso de los jueces de instrucción del fuero nacional la tensión es similar porque éstos rechazan pasar a la órbita municipal y por eso ya circula la tesis de que al haber sido designados con acuerdo del Congreso y jurado por la Constitución es inviable trasladarlos y darles rango de jueces porteños. Se trata de decenas de magistrados que también tienen sus terminales en el poder político y que rechazan por completo cualquier intromisión que sea diferente.

La incertidumbre respecto al traspaso del Poder Judicial tiene su origen en los grises de la llamada Ley Cafiero, que reglamentó la autonomía porteña y que en el caso de los Tribunales exhibe cuestiones que se contraponen con otros códigos y reglamentos de mayor jerarquía. Imaginar que un traspaso se trata sólo de una cuestión económica o de mera ingeniera financiera sería una aproximación directa a un conflicto político.

Un debate que tiene correlato judicial en diversos casos, el más rutilante es el expediente que tramita en la Justicia en lo Contencioso Administrativo sobre si es legal que la Ciudad tenga su propia IGJ. Emprendimiento que se puso en marcha y que incluso tuvo como primer titular al abogado Jorge Vanossi. La entonces fiscal del fuero comercial Alejandra Gils Carbó se opuso y el conflicto pasó a los Tribunales en 2008. Otros tiempos. En ese entonces era difícil imaginar que cuatro años más tarde esa fiscal terminaría como procuradora general y que los oficios del catedrático Vanossi serían requeridos en la disputa por el sillón de la AFA.

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