9 de noviembre 2011 - 00:53

Ya hay demandas por valor de casas y otras pertenencias

El edificio de Bartolomé Mitre al 1200 tenía diez pisos y tres departamentos en cada uno de ellos. Los 30 hogares no eran todos iguales, ya que los del cuerpo A eran más grandes. Por uno de los más chicos, Mónica Nizzardo, titular de la ONG Salvemos Al Fútbol, había pagado u$s 70 mil, pero aún no había completado la mudanza. Escrituró el 20 de octubre y antes de poder habitarlo, se derrumbó el edificio. Ya comenzó una querella penal que acompaña a las demandas civiles que presentaron quienes iban a ser sus vecinos.

El abogado de la mujer es el ex juez Mariano Bergés, también titular de Salvemos Al Fútbol. «Mónica ha formalizado una querella penal por estrago doloso. Se pretende investigar la responsabilidad de Ezequiel Rivarola de Era Arquitectos y a la constructora Lemarche SRL, que trabajaban en el terreno lindero, así como a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad», detalló el letrado.

Por ese delito la pena puede llegar a los 20 años de prisión en caso de que haya muertos, lo cual aún no fue descartado ya que continúa desaparecido un hombre que habitaba en el edificio. De otro modo, la pena puede alcanzar los 15 años por los bienes y si se imputa como estrago con dolo eventual, caben hasta cinco años de prisión.

Junto con la denuncia penal corresponde realizar una demanda civil que Nizzardo aún no ha comenzado, pero sí varios de los que iban a ser sus vecinos.

«La responsabilidad civil es la más fácil de acreditar. A través de ella, se consigue una suma de dinero por los daños», aseveró Bergés.

Solución

Con respecto a la propuesta del Gobierno de pagarles a los damnificados las pérdidas y hacerse cargo de la causa, Bergés opinó que es «una solución para paliar el problema que se facilita en caso de que no haya muertos».

«Del Gobierno a nosotros nadie nos llamó, nadie se reunió, no hablaron con los propietarios. Sólo sabemos lo que vimos en los medios»
, afirmó Nizzardo, quien confirmó que se les entregará un subsidio único de $ 8.000 para poder pagar un lugar donde vivir hasta que se resuelva la situación de los damnificados, muchos de los cuales fueron enviados a refugios para indigentes del Gobierno porteño.

Pero Mónica tuvo suerte. Está viviendo en su oficina y aún le faltaba llevar muchas de sus cosas a su nuevo departamento. Ya había cambiado la alfombra por un piso flotante, tenía allí la heladera, la cocina, la TV, el sommier y su computadora nueva, pero nada de ropa. «Hay gente que está mucho peor, que perdió todo», agregó la también maestra de música, francés y teatro. «Quiero ver qué nos proponen porque también quiero recuperar lo que había adentro», sostuvo la docente.

En cuanto a la situación con el seguro, Nizzardo detalló que la abogada de la administración es quien se está encargando de ver qué les cubre. «El seguro no nos citó porque el Gobierno se está haciendo responsable», aclaró y afirmó que desconocía que se habían realizado denuncias sobre el peligro del edificio al momento de comprar, «no conocía todavía al administrador porque no llegué a pagar las expensas», dijo la docente.

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