Zanola sigue preso, pero no en casa

El sindicalista Juan José Zanola seguirá encarcelado en el penal de Ezeiza, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarase improcedente un recurso extraordinario que presentó su defensa para solicitar la prisión domiciliaria. Zanola, jefe del gremio La Bancaria, permanece detenido desde fines del año pasado bajo la acusación de ser el líder de una presunta asociación ilícita organizada para desviar fondos de la obra social de esa organización en su propio beneficio. Se trata de la última oportunidad que tenía para afrontar el juicio desde su casa el dirigente, un hombre que gozaba del favor del matrimonio Kirchner y que aportaba de manera constante voluntades a los actos públicos del oficialismo.

La decisión de la Corte contó con la firma de cuatro de sus miembros: Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, mientras que el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y Eugenio Zaffaroni votaron en disidencia por entender que previamente debían darle intervención al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para escuchar su opinión respecto de la procedencia o no del pedido.

El máximo tribunal avaló de este modo las posiciones planteadas primero por el juez federal Norberto Oyarbide, y luego por la Cámara de Casación y la Sala II de la Cámara Federal. Todos ellos negaron el beneficio de la prisión domiciliaria ante la sospecha de que Zanola podría entorpecer el proceso de enjuiciamiento.

Además de su edad (tiene más de 70 años), el sindicalista había puesto como argumento que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pero Oyarbide sostuvo que bien podía ser tratada en el penal de Ezeiza, adonde fue trasladado el fin de semana desde la cárcel de Villa Devoto.

La investigación de Oyarbide, que además de Zanola encarceló al empresario de medicamentos y dueño de la droguería San Javier Néstor Lorenzo, apunta a establecer la cadena de responsabilidades para la circulación de dinero público hacia la Obra Social Bancaria (OSBA). Esos recursos, de acuerdo con el magistrado, eran obtenidos a partir de la venta de medicamentos presuntamente adulterados y la provisión de troqueles falsos con los cuales se cobraban reintegros por parte de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que les devuelve a las obras sociales el costo de los tratamientos más complejos.