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El Gobierno apuesta a declarar la ilegalidad del paro de Moyano del 30-A

Mientras Hugo Moyano apunta a estirar su red sindical de apoyos con vistas al paro del 30 de abril de la oposición, en particular en el sector del transporte, el Gobierno organiza en paralelo una estrategia basada en una eventual ilegalidad de la medida de fuerza. Para sostener esa línea la administración de Mauricio Macri deberá contar con un aliado circunstancial: la CGT, resuelta por ahora a no acompañar la huelga, resultará una pieza clave por contar con la llave legal de acuerdo a la ley que rige la actividad gremial en la Argentina.

En el Ejecutivo se manifestaron confiados en que la conducción de la central sindical, en manos del binomio que integran Héctor Daer y Carlos Acuña y con el apoyo de los sectores de los “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes” de buen diálogo con Cambiemos, se mantendrá distante de Moyano, rival consecuente de la mayoría de ellos en la interna de la organización. En igual sentido, y aunque el camionero mantuvo reuniones reservadas con su líder, el portuario Juan Carlos Schmid, los funcionarios tienen la misma presunción respecto de la estratégica Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que manejan en particular los colectiveros de UTA y los maquinistas de trenes de La Fraternidad.

La importancia de ambos sellos es que detentan el máximo reconocimiento que prevé la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, y en consecuencia retienen el monopolio de representación y la facultad de la convocatoria a medidas de fuerza. Así como un paro de una actividad, siempre según la normativa, sólo puede ser convocado en teoría por el sindicato con personería gremial, una huelga nacional sólo puede ser dispuesta por la CGT. De lo contrario los adherentes quedan sujetos a eventuales represalias, cuya aplicación en definitiva termina por depender de la correlación de fuerzas entre las partes.

En ese sentido, en caso de que la central principal decida no adherir ni llamar al paro (como se prevé, al menos por ahora), en lo formal la huelga deberá ser resuelta por separado por cada uno de los gremios adherentes. Pero incluso en ese caso los funcionarios alegan la supuesta imposibilidad de un sindicato de disponer una medida de acción directa por razones políticas, sin una reivindicación puntual relacionada con el rubro en cuestión.

A partir de esa premisa en Cambiemos imaginan un escenario dividido en dos planos: por un lado, la CGT, la CATT y sindicatos de peso de los servicios y los transportes sin adherir a la huelga para no alimentar a Moyano o bien para no confrontar con una administración que todavía retiene los resortes administrativos y de los recursos de las obras sociales; y por otro, un conglomerado de sindicatos resueltos a ir al paro sobre los cuales el Gobierno analiza ejercer presión con una herramienta de uso frecuente, como el dictado de la conciliación obligatoria, y otro de consecuencias más graves como la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza.

En los años de gestión el equipo de Mauricio Macri dio muestras de estar dispuesto a promover sanciones contra organizaciones sindicales no dispuestas a allanarse a las necesidades de la Rosada. Lo hizo en casos como los docentes de Suteba, Camioneros y la Asociación Bancaria, entre otros. En igual sentido el Gobierno promovió intervenciones administrativas siempre en gremios que no le respondían. Basados en esos antecedentes los funcionarios actuarán en los próximos días sobre los gremios para disuadirlos de ir con los disidentes a un quinto paro nacional. Una pista de la debilidad de base del paro la había dado el bancario Sergio Palazzo en el acto donde se anunció su convocatoria. En su intervención el dirigente le reclamó a la CGT que brindara una “cobertura legal” para los huelguistas.

En tanto, y a falta de la CGT, Moyano cifrará sus expectativas en la construcción de un paro contundente “por abajo”. Por caso, prevé compensar la previsible falta de adhesión de la UTA con la veintena de líneas de colectivos de la empresa DOTA, adonde es decisiva la influencia del exdirigente de ese sindicato Miguel Bustinduy –el año pasado peleó sin éxito la jefatura con el histórico Roberto Fernández-, así como de otros servicios no alineados con el gremio. En tanto que para suplir la deserción de La Fraternidad, los organizadores del paro confían en dos ejes: uno, el sindicato de Señaleros (ASFA), una organización pequeña pero que en 2012 bastó para frenar los servicios ferroviarios durante un paro que tampoco contaba con el aval de la CGT oficialista, y el otro es el delegado del Sarmiento Rubén “Pollo” Sobrero, un izquierdista que suele adherir y promover medidas de fuerza.

La huelga tendrá como ejes, además de los Camioneros y La Bancaria, el sindicato de mecánicos Smata; la Corriente Federal de Trabajadores (pilotos, gráficos, docentes privados de Sadop, curtidores, entre otros), y las dos CTA, además de las organizaciones sociales del “triunvirato de San Cayetano”, y agrupaciones de empresarios y de la sociedad civil. También tendrá como es habitual una expresión de la izquierda, que actuará por separado. Pero, a diferencia de otras medidas en las que los organizadores la repudiaban, la participación de la dirigencia piquetera y de izquierda podrá en este caso darle a la protesta una presencia callejera útil para alimentar el clima de día no laborable.

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