El Gobierno confía en datos de una baja del gasto para seducir al Fondo Monetario

El equipo económico mostró en estos días ante el Fondo Monetario Internacional números concretos sobre la evolución de una variable clave que, al menos en los papeles, debería entusiasmar a los técnicos del organismo que fiscalizan los números y porcentajes de la Argentina.

Según la información que se les mostró a los veedores que diariamente aparecen en las pantallas del Ministerio de Economía conectadas con Washington, el gasto público habría subido en lo que va del año algo más del 80%, un nivel porcentual unos 20 puntos menor a la inflación, lo que implicaría de manera anualizada una reducción real de más del 10% total contra 2022.

Y, según este criterio fiscal, si se cruzara esta evolución contra un año de recaudación normal sin tener en cuenta las pérdidas generadas por la sequía (unos u$s20.000 millones según Economía), el ajuste fiscal final para este año hubiera incluso podido ser menor al 1,9% del PBI comprometido originalmente en el Facilidades Extendidas firmado en marzo de 2022. Este dato, para los ojos del Palacio de Hacienda, demostraría que en realidad hay voluntad desde Buenos Aires para cumplir con las metas e incluso superarlas, pero que fue el factor climático el que impidió cumplir con lo pactado.

Por otro lado, los técnicos del FMI se mantienen en etapa de observación, pero con una mirada algo más compasiva sobre la política cambiaria del equipo económico. En los últimos días la devaluación del dólar oficial superó ya el 6%. Los dos datos cruzados implican que la posición cambiaria y fiscal del país mejora, y que si bien no se llegarían a cumplir los objetivos de reducción de brecha cambiaria y recorte total de la diferencia entre ingresos e inflación, los efectos de la sequía podrían estar siendo algo menores de los esperados. Así, afirman desde Buenos Aires, la promesa de la aplicación de un esquema de crawling peg para recortar los reclamos de actualizaciones bruscas del tipo de cambio podría funcionar.

Todo esto a la espera del miércoles 14 de junio, cuando se deba informar la inflación de mayo 2023, la que podría ser el dato mensual más alto en 21 años e inaugurar un nuevo período de presión cambiaria. La intención del equipo económico, bajo la mirada atenta de los técnicos del FMI, es que antes de ese día el mecanismo de devaluación del tipo de cambio oficial haya recortado al máximo posible la brecha acercando lo máximo posible los valores de los financieros con el BNA; y que se discutan leves devaluaciones y no cambios bruscos del tipo de cambio.

Los funcionarios argentinos y los negociadores del organismo que maneja Kristalina Georgieva discuten la manera de solucionar la dialéctica de la política cambiaria, el único capítulo que resta cerrar para terminar de acordar las cláusulas del nuevo Facilidades Extendidas.

Como se sabe, en Washington se considera que el nivel de partida de la divisa (unos $220 a comienzos de abril) era un precio insostenible para discutir reglas nuevas dentro del Facilidades Extendidas y que, si el equipo económico quería hablar en serio sobre las condicionalidades posibles para discutir un adelantamiento de partidas o corrimiento de vencimientos, desde Buenos Aires se debía plantear una política estratégica y coherente sobre la revalorización del dólar contra el precio oficial.