La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas suma desde hoy un nuevo capítulo judicial. Los dos países se presentan ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para discutir el pedido argentino de medidas provisionales que busca impedir el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Malvinas: Argentina y Reino Unido se enfrentan desde hoy en el Tribunal del Mar por el petróleo y la soberanía
Comienzan en Hamburgo las audiencias por el reclamo argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas y Rockhopper al norte de las islas. Las exposiciones son públicas y se transmiten en vivo.
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Malvinas. Los integrantes del Tribunal Internacional del Mar, ubicado en Hamburgo, Alemania, analizarán si corresponde dictar medidas provisionales mientras avanza el arbitraje entre Argentina y Reino Unidoi
Las audiencias se desarrollarán durante este martes 10 y miércoles 11 de noviembre, serán públicas y pueden seguirse en directo por internet. La presentación argentina se realizará ante un organismo internacional independiente, creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que tiene competencia para intervenir en controversias vinculadas con la interpretación y aplicación de ese tratado.
El objetivo del Gobierno de Javier Milei es que el Tribunal ordene medidas urgentes para evitar que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en un área cuya soberanía reclama la Argentina.
La discusión tiene como trasfondo la histórica controversia por las islas, pero hay una precisión importante: en esta instancia el Tribunal del Mar no debe resolver a quién pertenece el archipiélago, sino analizar si corresponde proteger provisionalmente los derechos invocados por la Argentina mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el conflicto de fondo.
La presentación argentina fue realizada el 13 de octubre, en el marco del procedimiento arbitral iniciado por el Gobierno nacional el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la CONVEMAR. Como ese tribunal arbitral todavía no está constituido, Argentina recurrió al mecanismo previsto en el artículo 290, inciso 5, de la Convención, que permite solicitar medidas provisionales ante el Tribunal del Mar cuando existe una controversia pendiente de arbitraje y la situación requiere una intervención urgente.
Qué pide la Argentina y por qué el conflicto se concentra en Sea Lion
El planteo argentino apunta a impedir que se inicie o continúe la explotación de hidrocarburos a través del proyecto Sea Lion y a evitar nuevas autorizaciones británicas en el área. También busca preservar la información obtenida durante las actividades de exploración y proteger el medio marino, además de impedir que se adopten decisiones que agraven la controversia.
El argumento central de Buenos Aires es que el Reino Unido habilitó unilateralmente actividades sobre recursos naturales que, según la posición argentina, se encuentran en la plataforma continental nacional.
La extracción de petróleo, sostiene el Gobierno, podría generar una situación difícil de revertir: una vez que los hidrocarburos sean extraídos, una eventual decisión posterior sobre los derechos argentinos no podría devolver esos recursos al subsuelo.
La Casa Rosada comunicó que la presentación busca “impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte” y proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.
En el mismo sentido, afirmó que no admitirá que las decisiones unilaterales del Reino Unido menoscaben los derechos que reclama sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La posición del Reino Unido ante el Tribunal del Mar
La posición del Reino Unido es rechazar en su totalidad el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina y solicitar al Tribunal que desestime la solicitud.
En su presentación oficial del 2 de noviembre de 2026, a la que tuvo acceso Energy Report, el Gobierno británico sostiene que la Argentina no reúne ninguno de los requisitos necesarios para que se dicten esas medidas. En particular, plantea cuatro argumentos centrales:
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Falta de competencia: afirma que la Argentina no logró demostrar que el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar tenga competencia prima facie para tratar sus reclamos.
Falta de verosimilitud de los derechos invocados: cuestiona que los derechos cuya protección reclama la Argentina tengan sustento suficiente para justificar las medidas solicitadas.
Ausencia de perjuicio irreparable: sostiene que no existe riesgo de un daño irreparable que justifique una intervención urgente del Tribunal.
Falta de urgencia: considera que no hay circunstancias que requieran adoptar medidas provisionales antes de que avance el arbitraje.
Como respaldo de sus argumentos sobre la inexistencia de perjuicio irreparable y de urgencia, el Reino Unido presentó declaraciones testimoniales de tres personas: Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas y miembro de su Consejo Ejecutivo; Ian Ramsay, CEO de Navitas Petroleum Development and Production; y Samuel Moody, CEO de Rockhopper.
Un punto relevante de la presentación es que Londres considera que esas declaraciones ni siquiera serían necesarias para resolver el planteo argentino, porque entiende que la falta de competencia prima facie y de urgencia bastan para rechazarlo. Sin embargo, decidió incorporarlas para ofrecer, según sus propios términos, una visión fáctica completa al Tribunal.
En síntesis, el Reino Unido busca que el Tribunal rechace el pedido argentino sin avanzar sobre el fondo de la disputa: cuestiona la competencia del arbitraje, la legitimidad de los derechos invocados y la existencia de un riesgo inmediato que justifique frenar las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion. Aclara, además, que desarrollará en detalle sus argumentos jurídicos durante las audiencias y que se reserva todos sus derechos tanto en este procedimiento como en el arbitraje del Anexo VII.
Sea Lion, el proyecto petrolero que genera la controversia
El proyecto que concentra la controversia es Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. Está desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que tiene una participación del 65% y es operadora, junto con la británica Rockhopper, titular del 35% restante. La iniciativa obtuvo la decisión final de inversión para su desarrollo y contempla una primera etapa de perforación de pozos submarinos, conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo.
Según la información publicada por Navitas, el plan prevé una primera fase de 11 pozos y una segunda etapa con otros 12. La compañía proyecta iniciar la producción de petróleo en marzo de 2028 y estima una vida productiva superior a los 30 años. La posibilidad de avanzar con las perforaciones durante 2027 agrega urgencia al reclamo argentino: el Gobierno busca una decisión internacional antes de que el desarrollo entre en su etapa operativa.
La controversia se profundizó luego de que el Reino Unido autorizara el avance del proyecto. Para la Argentina, esa decisión constituye una nueva acción unilateral sobre recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa. Londres, por su parte, sostiene que las autoridades de las islas tienen competencia para otorgar licencias y regular las actividades hidrocarburíferas.
Quiénes representan a la Argentina y cómo serán las audiencias
La delegación argentina está integrada por funcionarios de distintas áreas del Gobierno y especialistas en derecho internacional. La representación institucional incluye a María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación; el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y la embajadora Betina Pasquali de Fonseca, representante argentina en Alemania.
El equipo jurídico cuenta además con especialistas internacionales. Entre ellos se encuentra el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, quien tuvo participación en la defensa argentina durante el caso de la Fragata Libertad; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido por sus trabajos sobre derecho internacional y recursos naturales; y Agustín Giustiniani, especialista en solución de controversias internacionales.
El cronograma oficial establece dos rondas de presentaciones por país. Este martes 10, la Argentina tendrá la primera intervención, de 10 a 13, hora de Hamburgo, mientras que el Reino Unido expondrá entre las 15 y las 18. El miércoles 11 se retomará el procedimiento: la delegación argentina tendrá una segunda presentación de 10:30 a 12 y la británica cerrará las audiencias entre las 17:30 y las 19.
En horario de Buenos Aires, las exposiciones de este martes están previstas de 6 a 9 y de 11 a 14. Para el miércoles, los turnos serán de 6:30 a 8 y de 13:30 a 15. El organismo confirmó que las audiencias serán transmitidas en directo a través de su página web.
La instancia permitirá que ambas partes expongan sus argumentos jurídicos y respondan a las cuestiones planteadas en el procedimiento. El Tribunal deberá evaluar, entre otros aspectos, si el futuro tribunal arbitral tendría competencia inicial para tratar la controversia, si existe urgencia para adoptar medidas y si los derechos que la Argentina busca proteger requieren una intervención provisional.
La decisión no supone un fallo definitivo sobre la soberanía ni sobre la validez de las licencias petroleras. Se trata de una instancia cautelar: si el Tribunal acepta el pedido, podrá ordenar medidas destinadas a preservar los derechos de las partes mientras se constituye el tribunal arbitral y continúa el proceso principal.
La causa judicial en Río Grande y el avance del proyecto petrolero
La presentación internacional se desarrolla en paralelo a otra disputa judicial que tramita en el país. En septiembre, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) contra Rockhopper y Navitas.
La resolución ordenó a las empresas abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto Sea Lion, incluidas las perforaciones y las instalaciones necesarias para avanzar con la explotación. La demanda se apoya en la presunta ilegalidad de las actividades hidrocarburíferas por no contar con autorización argentina y también plantea la necesidad de prevenir posibles daños ambientales.
En una resolución posterior, la magistrada rechazó incorporar al Estado nacional como parte o tercero en ese expediente, al considerar que no se había acreditado una necesidad concreta para justificar su intervención en el estado actual de la causa. En cambio, admitió la participación de la Provincia de Tierra del Fuego como tercero coadyuvante, con facultades para respaldar la acción colectiva impulsada por las organizaciones, aunque sin convertirse en una parte autónoma. La cautelar dictada en septiembre continúa vigente.
El proceso local y la presentación ante el Tribunal del Mar tienen alcances diferentes, pero comparten el cuestionamiento a las actividades de las petroleras en torno a Malvinas. Mientras la Justicia Federal de Río Grande analiza la acción ambiental contra las compañías, el organismo internacional debe resolver si corresponde dictar medidas provisionales en la controversia entre Estados.
El caso también tiene consecuencias para las empresas involucradas. Rockhopper informó este martes que sigue de cerca el inicio de las audiencias y que se trata de un procedimiento entre la Argentina y el Reino Unido. La compañía señaló que brindará información sobre cualquier eventual impacto en el proyecto Sea Lion cuando corresponda.
La audiencia de Hamburgo abre así una instancia decisiva para el reclamo argentino sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Las presentaciones de ambos países se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre y el Tribunal deberá resolver si adopta medidas provisionales mientras sigue pendiente la conformación del tribunal arbitral previsto en la CONVEMAR.
