La Justicia Federal de Río Grande aceptó intervenir en una causa contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur impulsada por la Fundación Agustina Lerena, que demandó por más de u$s26.000 millones a una red de compañías vinculadas a la actividad en la región. Las firmas operan bajo la autorización de la administración colonial británica de las Islas Malvinas.
3 de noviembre 2026 - 13:28
La Justicia Federal de Río Grande aceptó intervenir en una causa multimillonaria contra la pesca ilegal en Malvinas
Los denunciantes apuntan contra una red de empresas vinculadas a la actividad en el Atlántico Sur. La presentación incluye un reclamo económico por más de u$s26.000 millones.
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Demandan por más de u$s26.000 millones a empresas pesqueras que operan en las Malvinas
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Mariel E. Borruto, jueza federal de Río Grande, reconoció la competencia del juzgado y la legitimación de los demandantes para impulsar una demanda contra empresas pesqueras por presunto daño ambiental, pero resolvió que la causa no se tramite como amparo, sino mediante un proceso ordinario.
La magistrada consideró que el caso involucra la protección del ecosistema marino y de especies que habitan o se desplazan por la Zona Económica Exclusiva Argentina, incluidas las aguas próximas a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. A la vez, sostuvo que el daño denunciado tiene carácter interjurisdiccional.
Aval a una denuncia contra la pesca ilegal en Malvinas
"Se abre una puerta de lo que está efectivamente pasado ahora y documentado desde 1989", celebraron los artífices de la presentación en diálogo con Ámbito, quienes consignaron que "el saqueo pesquero que hoy sostiene el enclave colonial" ya que representa el 58% de los ingresos corrientes de las Islas.
Más allá de haber dado el primer paso, de momento la Justicia todavía no se pronunció sobre el fondo de la denuncia ni sobre la cautelar que busca frenar las actividades cuestionadas. El próximo paso será resolver ese pedido una vez incorporados los informes requeridos.
Previamente, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, dictaminó a favor de admitir la demanda y recomendó hacer lugar a la medida cautelar para frenar la actividad de las flotas denunciadas en aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Entre los principales argumentos, consideró que la actividad denunciada provoca un daño ambiental "profundo, sistémico y, en muchos casos, irreversible" en el Atlántico Sur. Según el planteo de la demanda, las empresas operan sin autorización de la autoridad argentina y al margen de las normas nacionales de conservación pesquera y ambiental.
En paralelo, destaca que las especies capturadas en aguas de Malvinas también habitan la Zona Económica Exclusiva Argentina y forman parte de un mismo ecosistema y de una cadena alimentaria compartida, por lo que considera que la actividad pesquera "tiene consecuencias que exceden el área donde operan los buques".
Como consignó Ámbito, la denuncia había sido presentada por el especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, César Lerena, con patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, e incluye un reclamo económico que oscila entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones, según el criterio de valuación de las capturas utilizado.
Apunta, principalmente, contra firmas españolas, sociedades mixtas relacionadas con capitales isleños y empresas argentinas presuntamente vinculadas con las operaciones, además de bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios.
El escrito sostiene que la explotación de los recursos se desarrolla sin autorización argentina al menos desde 1989 y que esa actividad genera perjuicios ambientales, económicos y sociales. En esa línea, solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las compañías demandadas en las aguas en disputa y las condene a reparar los daños denunciados.
De acuerdo al documento, el monto reclamado se calculó a partir de las capturas pesqueras registradas entre 1989 y 2025. La diferencia entre los extremos de la estimación responde a la metodología de valuación: la parte actora contempla tanto precios FOB como valores mayoristas, y solicita además intereses, actualización y costas.
Para fundamentar el reclamo, la presentación invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922, además de la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y estadísticas e informes técnicos, entre ellos los del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Por otra parte, cuestiona las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades isleñas, incluidas renovaciones por períodos de 25 años, y determinados esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados a las islas.
Centralmente, la flota gallega que opera en el Atlántico Sur con permiso del Gobierno colonial de Malvinas se aboca a la pesca del calamar Loligo o Patagónico y del calamar Illex. Según consignó el portal especializado Agenda Malvinas, la segunda temporada de pesca en Malvinas colapsó en agosto, dado que los muestreos científicos arrojaron niveles críticos de biomasa comercializable.
El episodio ocurre en medio de la escalada de tensión entre la Argentina y el Reino Unido, con réplicas continentales, como la pulseada con Chile por implementación de una ruta comercial que une Punta Arenas con las Islas Malvinas.
