Alivian control en operaciones inmobiliarias

Alberto Abad

La Cámara de Inmobiliarias Argentinas (CIA) se mostró ayer satisfecha con las modificaciones incorporadas en el registro de operadores inmobiliarios, ya que a partir de ahora quienes realicen operaciones de compraventa o alquiler de inmuebles quedarán incluidos en el registro según el monto involucrado y no por la cantidad de propiedades.

Es que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eximió de la inscripción al registro de operadores a los propietarios de más de cinco inmuebles destinados a alquiler, cuya renta en conjunto no supere los 8.000 pesos mensuales o 96.000 anuales.

Así, la inscripción al registro de operadores inmobiliarios quedó determinada por el valor de las operaciones y no por la cantidad de propiedades involucradas.

«Nos parece muy bien que se haya modificado el registro, que se hayan dado precisiones y que no sea tan abarcativo», consideró el presidente de la Cámara, Carlos Sotelo.

Según explicó Sotelo, los operadores inmobiliarios venían desde hace un año pidiendo esta modificación a la AFIP.

«Esta modificación era algo que ya habíamos planteado en la AFIP ante su titular, Alberto Abad, y ante el contador Marcelo Costa», detalló.

Según explicó el titular de la cámara inmobiliaria, «era injusta, no proporcional, la inscripción de los propietarios de más de cinco locales, considerando que había un mínimo de valor involucrado».

«No todas las propiedades tienen el mismo valor de venta, un dos ambientes en Barrio Norte o Recoleta no se alquila al mismo precio que un dos ambientes en Villa Lugano. Hay propiedades con rentas mensuales de 6.000 o 7.000 pesos, mientras que otras son de 600 o 700 pesos», puntualizó el dirigente.

Además, aclaró que como la normativa tiene alcance nacional, también «afecta al interior del país, en donde el valor locativo no es igual que en Buenos Aires, y en donde es muy común que alguien tenga más de cinco propiedades».

«Se hicieron eco de nuestro pedido y nos pareció muy bien», concluyó Sotelo.

Además, la Resolución 2.262, publicada el lunes en el Boletín Oficial, incluyó otro cambio que tiene que ver con la ratificación de que la obligación de inscribirse en el registro también rige para las desarrolladoras inmobiliarias y constructoras que impulsan nuevos proyectos.