En el marco de las acciones que viene llevando adelante el Gobierno para combatir la especulación cambiaria, la Justicia federal, con apoyo del Banco Central (BCRA), realizó este jueves cuatro allanamientos en domicilios (tres de la provincia de Mendoza y uno en Rosario, Santa Fe) pertenecientes a una ex casa de cambios que fue dada de baja en noviembre de 2020.
Controles al dólar blue: la Justicia allanó cuatro domicilios en Mendoza y Santa Fe
La Justicia realizó varios allanamientos en el marco de una investigación que involucra domicilios de una organización que operaban con el nombre de una casa de cambio que ya no existe.
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Se secuestraron millones de pesos y cientos de miles de dólares.
La causa se originó por una investigación que el BCRA elevó al juzgado federal número 3 de Mendoza, a cargo de Marcelo Fabián Garnica, y permitió desbaratar la organización que administraba cuevas dedicadas al cambio ilegal de divisas (dólar blue), que tenía oficinas en las ciudades de Mendoza, Guaymallén, Godoy y Cruz y en Rosario.
Funcionaban bajo la fachada de la empresa Bamensa, que había arrancado a operar en Mendoza en agosto de 2018 y funcionó hasta 2020 como casa de cambio, aunque luego continuó como centro de cobro de facturas. También tenía sede en Rosario, tal como se desprende de lo informado.
Detalles de los allanamientos
En el local de la capital mendocina, oficiales de justicia dieron con una mochila llena de valores (dólares, euros y reales) escondidos dentro de la mochila del inodoro. En Rosario, donde intervino el juez federal Marcelo Martin Bailaque, se abrió una caja de seguridad hallada dentro del local, donde se secuestraron valores y documentación valiosa para la instrucción de la causa.
Además se reportó el secuestro de de alrededor de $40 millones y el equivalente a u$s800.000 en diversas monedas:
- $39,2 millones,
- u$s727.000
- 45.000 euros
- 32.000 reales
- 1,5 millones de pesos chilenos.
La compraventa de dólar blue ilegal y está penalizado por la Ley Penal Cambiaria, que castiga a quienes incurren en esa falta. Quien inicia el sumario es el BCRA pero la sentencia luego es dictada por un juez penal económico. Así, el primero está a cargo de realizar la recolección de pruebas y luego remite todo al segundo para que emita una sentencia en el marco de una causa penal por falsas declaraciones en operaciones de cambio sin autorización para hacerlo.
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