El Gobierno le garantiza al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la situación fiscal está controlada y que el único foco problemático para cumplir con la meta del 1,9% del PBI de déficit primario son las consecuencias de la sequía. Y que entonces si finalmente hay desvíos de ese porcentaje será cuestión de computarlas a la pérdida de recaudación que generó el fenómeno climático en el primer semestre de 2023 y no a problemas de incrementos en el gasto público o desvíos en el plan de ingresos ya pactados originalmente con el organismo que maneja Kristalina Georgieva.
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Los funcionarios argentinos muestran en las pantallas instaladas en el Palacio de Hacienda sobre las que se negocia con los miembros del staff del FMI que están del otro lado vía Zoom en Washington, que en los primeros cuatro meses del año el desequilibrio trepó al 0,6% (lo que es un nivel más acelerado que lo pactado), pero que además el ritmo del gasto se redujo en un 11% y que la recaudación tributaria se encuentra un 10% por debajo de la inflación por el efecto de la caída en los ingresos de los derechos importación vinculados a las exportaciones primarias.
El equipo económico asegura que estos últimos datos mejorarán sustancialmente este mes, cuando se computen los ingresos vinculados al programa de dólar agro, y que es obligación de los funcionarios del FMI tener en cuenta que el desequilibrio tiene relación con la sequía. Un efecto descripto como circunstancias exógenas desfavorables que al país le impiden cumplir con las metas pactadas en el Facilidades Extendidas firmado en marzo de 2022, y que están contempladas en la letra fina del pacto firmado y aprobado por el board del organismo.
Terminado el debate sobre la cuestión fiscal, que está siendo abordada en estas horas negociadoras, la discusión continúa concentrándose en el manejo de la política cambiaria y la evolución de la brecha cambiaria vía devaluaciones pactadas, controladas, algo manipuladas y quizá artesanalmente ejecutadas; esperando el oficialismo local que la política dé el resultado que se le promete al organismo. El argumento por el cual el Fondo podría aceptar la afirmación de que este “crawling peg” podría dar resultados es la explicación que los argentinos le dieron a la gente de Washington sobre que un shock sería inflacionario; mientras que la devaluación gradual y controlada del oficial a través de aceleraciones y frenos en el alza del precio del dólar puede tener una consecuencia menor sobre el IPC.
Se le explicó al FMI, que el incremento de los precios en los alimentos y otros bienes, refiere a la velocidad de los dólares financieros y el blue, pero que la aceleración de la caída de la brecha depende de que estos no se escapen. Y que, en consecuencia, la articulación debe ser a través de devaluaciones pactadas del oficial, con contención e intervención directa del Banco Central.
Los negociadores del acuerdo siguen siendo el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el encargado de las relaciones con organismos internacionales, Marco Lavagna, y el jefe de asesores de Sergio Massa, Leonardo Madcur, por un lado; y el flamante gerente para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, su número dos, Niguel Chalk, y el encargado para el caso local, Luis Cubeddu, por otro. Se trata, de hecho, del último capítulo para discutir entre el organismo y los funcionarios argentinos, una vez ya prácticamente definidos los otros artículos del nuevo Facilidades Extendidas.
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