AMIA: amplían el embargo sobre bienes de ex diplomáticos iraníes

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó trabar un embargo multimillonario sobre los bienes de ocho ex funcionarios del gobierno iraní, entre ellos un ex presidente, a quienes Argentina acusa del atentado a la AMIA.

Según la resolución, el juez hizo lugar a un planteo hecho por el fiscal del caso, Alberto Nisman, y ordenó el embargo preventivo por 1.860.735.644,19 de pesos o 540 millones de dólares.

La medida recayó sobre el ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani; su ex ministro de Inteligencia y Seguridad Alí Fallahijan; el de ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati; el ex comandante del cuerpo de los Guardianes de la Revolución Mohsen Rezai y el ex comandante de la fuerza Al QuDS Ahmad Vahidi.

También abarca al ex consejero cultural Mohsen Rabbani; al ex Embajador de ese país en Argentina, Hadi Soleimanpour y al ex tercer secretario de la sede diplomática Ahmad Reza Asghari.

Todos ocupaban esos cargos en la estructura del gobierno iraní y su delegación diplomática en Buenos Aires cuando ocurrió el atentado del 18 de julio de 1994 en Pasteur 633, que provocó 85 muertos y unos 200 heridos.

Actualmente están declarados "en rebeldía" por la Justicia argentina luego de no asistir a citación a declaración indagatoria como autores del ataque, en el marco de la conexión internacional.

Canicoba Corral ordenó los embargos teniendo en cuenta montos para eventuales resarcimientos de cada uno de los 151 heridos que constan en la causa y para los familiares de cada una de las 85 víctimas fatales.

La medida amplió un primer embargo de un millón de dólares dictado contra los buscados en la causa iniciada por un sobreviviente en busca de indemnización.

Ahora la medida se tomó a pedido de la agrupación Familiares de Víctimas del atentado y abarca a todos los afectados.

"La circunstancia de que la República islámica de Irán se haya negado de manera sistemática a colaborar con los requerimientos judiciales que le fueron formulados encierra una actitud ciertamente reticente y protectora para con los ciudadanos iraníes que se encuentran imputados", sostuvo el juez.

Ante esto, se "permite seria y fundadamente presumir que ese propósito de salvarguardia incluye el patrimonio de quienes son imputados".

Canicoba tuvo en cuenta "el derecho a reparación por la comisión de delitos" que "supone no sólo un resarcimiento apropiado, proporcional y pleno, sino que también efectivo".
El atentado se enmarca dentro de un "acto de terrorismo internacional" con "cuantiosos daños materiales e inmateriales derivados de su comisión y el significativo número de fallecidos y lesionados".

El juez calculó que cada herido debería recibir aproximadamente un millón de dólares mientras que por cada uno de los 85 muertos se tuvo en cuenta el quíntuple de ese monto.

Además, tomó un cálculo actualizado de los daños materiales a raíz de la explosión, con lo cual fijó el embargo total en 1.860.735.644,19 pesos.

Los bienes embargables deberán ser identificados por el fiscal Nisman, quien la semana pasada instrumentó esa medida contra seis locales comerciales hallados a nombre de Moshen Rabbani en el barrio porteño de Floresta.