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El principal responsable de la organización es un argentino identificado como Horacio Luis H.B., de 65 años, que para hacer verosímil su trama había llegado a alquilar un despacho en las oficinas de un cónsul honorario en Madrid.
Los demás detenidos son los peruanos identificados como Francisca L.S., de 38 años, y su marido, Simón B.Ll., de 47; Alfredo A.P., de 27, y Juver R.I., de 40.
También fueron arrestados los españoles Máximo G.F., de 71, y los hermanos Antonio y Valentín L.M., de 39 y 33, respectivamente, además de otro ciudadano ecuatoriano cuya identidad no se ha facilitado.
Los hermanos son empresarios y están acusados de cobrar unos 500 dólares por cada solicitud de regularización de extranjeros, y en su empresa figuran 140 peticiones, de las que cuarenta han sido admitidas.
La investigación se inició tras la denuncia de una ciudadana peruana que dijo que unos compatriotas le habían estafado 8.000 euros (10.400 dólares), cantidad que pagó para que le tramitaran los "papeles" de su hijo y su ahijado, residentes en Perú.
Entre los estafados se encuentran personas que hipotecaron sus bienes en el país de origen para pagar el dinero que les exigían para presentarles la documentación.
En unos casos, el grupo utilizaba el nombre de diversas empresas de la construcción, sin que éstas autorizasen ese uso, y en otros, los empresarios vendían las ofertas fraudulentas a los intermediarios en España.
También se ha comprobado que estos delincuentes aprovechaban los sellos y documentos de empresas que llevaban más de cinco años inactivas para confeccionar con ellos las solicitudes de regularización.
En los registros domiciliarios se ha incautado numerosa documentación relativa a las manipulaciones que el grupo llevaba a cabo, sellos, ofertas de trabajo, agendas, solicitudes de permiso de trabajo y residencia, pasaportes, entre otras.
En cuanto al número de víctimas, se calcula que han sido unos cien ciudadanos peruanos y ecuatorianos los que han venido a España con ayuda de esta organización.
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