Fueron acusados de “negligencia grave” y “mal desempeño”. El crimen ocurrió en noviembre de 2006.
Destituyeron a los tres fiscales del caso Nora Dalmasso.
A casi 20 años del asesinato de Nora Dalmasso, la Justicia de Córdoba tomó una decisión histórica: los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron destituidos este martes por su actuación en una de las causas judiciales más polémicas y escandalosas de la Argentina reciente.
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El jury de enjuiciamiento concluyó que los tres funcionarios incurrieron en “negligencia grave” y “mal desempeño” durante la investigación del crimen ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto. Además, quedaron inhabilitados de manera absoluta para volver a ejercer cargos dentro del Poder Judicial provincial.
La resolución llegó después de un proceso que comenzó el pasado 21 de abril y en el que declararon cerca de 40 testigos vinculados a la causa y su investigación.
El crimen de Nora Dalmasso, asesinada a los 51 años en su vivienda del barrio Villa Golf, estuvo rodeado desde el inicio por versiones contradictorias, filtraciones y teorías que durante años apuntaron contra el entorno familiar de la víctima.
Primero, la sospecha recayó sobre un albañil, Gastón Zárate, detenido por una teoría vinculada a su habilidad para trepar andamios. Luego, la investigación se concentró sobre Facundo Macarrón, hijo de Nora, quien en ese momento tenía 19 años, bajo una hipótesis que incluso sugería una relación sexual entre ambos.
Más tarde, la acusación giró hacia el viudo, Marcelo Macarrón, a quien llegaron a atribuirle desde un supuesto viaje secreto en avión privado desde Punta del Este hasta Córdoba hasta la contratación de sicarios colombianos para asesinar a su esposa.
Todas esas hipótesis fueron sostenidas sucesivamente por los fiscales ahora destituidos.
Mientras la investigación avanzaba durante años sobre el círculo íntimo de la víctima, el principal sospechoso permaneció fuera del foco judicial.
Se trata del parquetista Roberto Bárzola, quien trabajaba en la casa de la familia y cuyo ADN recién fue cotejado en 2024, casi 18 años después del crimen.
El resultado fue contundente: rastros genéticos de Bárzola aparecieron en diez puntos de la bata de baño utilizada para estrangular a Dalmasso, mientras que un vello púbico suyo fue encontrado en los genitales de la víctima.
La familia Macarrón había señalado al parquetista ya en 2007. Incluso existía un informe del FBI que sugería tomarle muestras genéticas. Sin embargo, los fiscales ignoraron esa línea investigativa.
La extracción de ADN finalmente fue ordenada por el fiscal Pablo José Jávega, quien recibió la causa ya prescripta y declaró como testigo durante el jury.
Según trascendió durante el proceso, uno de los motivos por los que la fiscalía evitó avanzar sobre Bárzola fue el impacto político y mediático que generó la detención de Gastón Zárate, conocido luego como “El Perejil”.
Aquella acusación provocó una masiva protesta en Río Cuarto, recordada como “el perejilazo”, donde vecinos repudiaron el accionar judicial.
Desde entonces, la investigación quedó marcada por errores, cambios de rumbo y acusaciones cruzadas.
Durante los alegatos finales, la fiscal general adjunta Betina Croppi pidió la destitución inmediata de los tres funcionarios y sostuvo que su actuación provocó un perjuicio irreparable en la resolución del caso.
“Es la primera vez que en la provincia se procede en un jury de enjuiciamiento en contra de tres funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial”, remarcó.
Croppi también cuestionó el tratamiento mediático y judicial que recibió la víctima y denunció una fuerte revictimización sin perspectiva de género.
Según planteó, desde el inicio de la investigación se filtraron rumores y versiones que vulneraron la intimidad de Dalmasso y desviaron el foco de la pesquisa.
Además, sostuvo que se cometieron errores graves en el relevamiento de pruebas y que se descartaron elementos que luego terminaron siendo centrales para el caso.
Tras una audiencia que se extendió durante casi 14 horas, el tribunal resolvió por unanimidad destituir a los tres fiscales.
El jurado estuvo integrado por legisladores oficialistas y opositores, además de un miembro del Tribunal Superior de Justicia, y fue presidido por Julieta Rinaldi, primera mujer en ocupar ese cargo.
En la sala estuvieron presentes Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, quienes se abrazaron emocionados tras escuchar la resolución.
Según la normativa vigente en Córdoba, el fallo del jury es inapelable, aunque las defensas todavía pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia provincial.
Mientras la familia celebra el avance judicial contra los fiscales, todavía persiste otro frente clave: la situación procesal de Roberto Bárzola.
En octubre de 2025, la Cámara Criminal y Correccional de Río Cuarto consideró que la acción penal contra el parquetista estaba prescripta, debido al tiempo transcurrido desde el crimen.
“Han transcurrido casi 19 años”, señalaron los jueces al fundamentar el sobreseimiento.
El tribunal también rechazó el planteo de la familia Macarrón respecto de la suspensión de los plazos por haber estado imputados durante parte de la investigación y descartó considerar el caso como un delito de lesa humanidad.
Ahora, la última esperanza de los familiares de Nora está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que deberá resolver si confirma o revierte la prescripción.
Mientras tanto, el fallo contra los fiscales comenzó a cerrar una de las heridas judiciales más profundas de Córdoba, en un expediente atravesado durante años por errores, sospechas y una impunidad que todavía persiste.