El Ministerio de Seguridad habilitó el protocolo antipiquetes y desplegó fuerzas federales para asegurar el debate parlamentario, ante la movilización de sindicatos y organizaciones sociales que rechazan el proyecto del gobierno de Javier Milei.
La policía corta las calles y alrededores del Congreso.
El Gobierno implementará un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Congreso de la Nación, en el marco del debate parlamentario de este miércoles sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.
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La cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmó que se pondrá en marcha protocolo antipiquetes, pese a que en instancias anteriores la Justicia Federal declaró su nulidad por considerar que restringe derechos constitucionales de protesta.
El operativo involucra a diversas fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria— que estarán desplegadas en puntos estratégicos del centro porteño para custodiar el Palacio Legislativo, garantizar la libre circulación y evitar cortes totales de calles y avenidas.
Se reforzará el vallado alrededor de la Plaza del Congreso y las principales arterias como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba, lo que se prevé que impactará el tránsito en toda la zona. Además, habrá controles de acceso a la Ciudad para monitorear la llegada de columnas sindicales desde distintos puntos.
La movilización se da en un contexto de fuerte rechazo por parte de sectores sindicales y organizaciones sociales, que ya realizaron múltiples protestas y movilizaciones en los últimos meses en contra del proyecto de reforma laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales sindicales han expresado su rechazo, calificando el proyecto como una amenaza a derechos laborales adquiridos y una precarización del trabajo.
El proyecto incluye medidas polémicas como reducción de aportes patronales, modificación de indemnizaciones y mayor flexibilidad en jornadas, además de limitar el alcance de convenios colectivos y el derecho de huelga en sectores esenciales.
Algunas organizaciones sindicales incluso debatieron planes de acción para bloquear la sanción de la reforma desde ámbitos políticos y con mayor presión callejera.
Las protestas no son un fenómeno nuevo: en varias marchas realizadas frente al Congreso se registraron enfrentamientos con la policía, detenciones y quejas de violencia institucional que preocupan a sectores de derechos humanos y partidos de oposición.
Derechos y controversias
Organizaciones de trabajadores y defensores de derechos civiles advierten que la aplicación de protocolos como el antipiquetes puede condicionar la libertad de expresión y de reunión, especialmente cuando las protestas se concentran justo al inicio del debate legislativo.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene que el despliegue busca garantizar el normal funcionamiento del Congreso y la seguridad de quienes trabajan o transitan por la zona.
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