La jueza federal María Servini de Cubría dispuso levantar las restricciones de ingreso al buque Casino de Buenos Aires que había ordenado debido a los hechos de violencia registrados por cuestiones relacionadas con el encuadramiento gremial y condiciones de los trabajadores.
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La magistrada instruyó a personal de la Prefectura Naval Argentina para que adopte medidas de seguridad a fin de que no se repitan los incidentes y «ahora, la reapertura del casino flotante depende de los dueños», precisaron las fuentes.
Servini de Cubría «en ningún momento ordenó la clausuradel casino, sino que restringió el acceso a la embarcación para que pudiera seguir operando», dijeron allegados al sumario, que ubicaron al hecho generador de los disturbios como «un problema de encuadramiento gremial» ajeno al ámbito judicial.
Las fuentes consultadas agregaron que al dejar sin efecto esas medidas restrictivas, que impedían a la mayoría de los empleados acceder a sus funciones, la jueza tuvo en cuenta a los trabajadores ya que en muchos casos las propinas representan «un gran porcentaje de sus ingresos».
Mientras una delegación de empleados del sindicato de juegos de azar (Aleara) se entrevistó con colaboradores de Servini de Cubría, otros manifestantes de ese gremio se concentraron frente a los tribunales federales de Comodoro Py 2002 de la Capital «en defensa -dijeron- de la fuente de trabajo».
«Fuimos víctimas de agresiones. No queremos la presencia de patotas», expresó ante los medios de prensa Eduardo Bonani, uno de los líderes de los manifestantes.
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