Aquellos presos que
se encuentren
procesados, pero no
condenados, podrán
efectuar su voto en
las próximas
elecciones
presidenciales.
Según el Ministerio de Justicia, el 28 de octubre, 21.817 detenidos en las cárceles y comisarías del país podrían votar en las próximas elecciones nacionales; difícil que esto ocurra.
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Esa es la cantidad de presos que no tienen condena firme, requisito necesario pero no suficiente para ejercer el derecho a votar, porque además deben estar empadronados y tener el DNI. Los que reúnen todas las condiciones son menos de mil.
Si las elecciones fueran hoy, en la provincia de Buenos Aires, donde en las cárceles hay 19 mil internos a los que hay que sumarles 5 mil de las comisarías, los que podrían votar serían apenas 300 pese a que hay 13 mil detenidos empadronados y sobre 19 mil sin condena firme.
El jefe del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, el abogado Fernando Díaz, por de pronto, está tramitando los DNI de 2 mil detenidos empadronados. Los trámites duran menos de un mes y estiman que al 28 de octubre, los que podrán votar en la provincia serán casi 5 mil.
Díaz, en las últimas semanas, se ve invadido de llamadas telefónicas de candidatos a diputados nacionales que quieren recorrer las cárceles. Díaz debe mandar un mail a cada penal autorizando su entrada.
Para los diputados la tarea más difícil será conocer los códigos «tumberos». Deberán identificar a «los limpieza», como se llama a los jefes de pabellón, que pueden decirles a sus «compañeros de rancho» por quién votar.
Interés
Los presos, atentos a cualquier ventaja que pueden obtener, los reciben con el mismo interés que a los visitantes de organismos de derechos humanos. El diputado debe saber que le van a pedir algo a cambio pero, a diferencia de lo que pasa extramuros, estas promesas las debe cumplir.
El preso no vota solo, sino también su familia. Eso también lo saben los candidatos que vieron este filón de votos en las cárceles. Cada voto de un preso se puede multiplicar por cinco. Las paredes de los penales tienen afiches del Ministerio de Justicia de la Nación ilustrados por Roberto Fontanarrosa con la imagen del personaje de Inodoro Pereyra y su perro, que les explica a los detenidos cómo votar.
El número de detenidos en las cárceles de Buenos Aires se detuvo en 24 mil, después de un explosivo crecimiento de 100% entre 2001 y 2004, cuando la cifra desde 13.000 llegó a 25.000.
Cada preso le cuesta al contribuyente de la provincia $ 2.300 por mes, de los que 60% son por sueldos y gastos de vigilancia y el resto se reparte entre mantenimiento, infraestructura y alimentación. La provincia está en el tercer lugar en gasto por preso. El ranking lo lidera el Servicio Penitenciario Federal que gasta el doble y lo sigue la provincia de Córdoba con más de $ 3.000.
Ventaja
Fernando Díaz sabe de los problemas que tiene en algunas zonas para reclutar personal para el Servicio Penitenciario. Por caso, en Campana, donde estuvo detenido Jorge Carrascosa, la dotación femenina está creciendo y alcanzandoa la masculina, porque los hombres, al aumentar la demanda de empleo en la zona, eligen otros trabajos.
Entretanto, el proyecto del diputado provincial de la UCR, Gustavo Ferrari, para reformar la ley electoral de la provincia que permitirá que los presos elijan al gobernador, legisladores, intendentes y concejales, podría ser aprobado este año.
Los presos saben que con esta ley tendrán más ventajas. Por caso, en el penal de Urdampilleta, los 400 detenidos que están en condiciones de votar serán decisivos para elegir al intendente de Bolívar.
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