Fuerte operativo policial se desplegó ayer para desocupar un terreno que fue usurpado
en el barrio de Villa Lugano, en la Capital Federal. Hubo incidentes y detenidos.
El gobierno de Jorge Telerman relacionó otra vez, ayer, la usurpación de un predio que terminó de desalojar la Policía en medio de incidentes, con intereses políticos que intentarían perjudicarlo. Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, de ocupaciones sostenidas en la demanda de soluciones habitacionales, el Gobierno de la Ciudad cree que se trata de maniobras con otra intencionalidad, mientras que el entramado de la organización de villa en esta ocasión además se condimenta con una intervención de la Justicia.
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Ayer, habitantes de la villa 20, del barrio de Villa Lugano, iniciaron un asentamiento en un terreno lindero que pertenece a la Policía Federal, es decir a la Nación. Sería traspasado a la Ciudad para cumplir con una ley que se votó en agosto del año pasado para urbanizar la villa 20.
La Policía Federal desalojó durante la mañana de ayer el terreno de Lugano, un baldío de suelo irregular junto a la villa, mediante un importante operativo con centenares de efectivos, carros hidrantes y un helicóptero. Hubo incidentes, forcejeos y detenidos mientras avanzaba una formación de la Federal hacia la villa de emergencia, en cercanía de las avenidas Escalada y Franciso de la Cruz, al sur de la Ciudad. Allí la Policía tiene un «cementerio» de autos abandonados.
Impugnación
Como otras villas, la 20 está organizada con una comisión de delegados que está siendo intervenida por la Justicia, de la mano del polémico juez Roberto Gallardo ante la impugnación de un vecino formulada por supuestas irregularidades en la elección de los representantes. Pero, también desde el foro por una vivienda digna, que animan diversas organizaciones y tiene corte kirchnerista, indicaron a este diario que también reclamaron al juez «un mecanismo transparente de adjudicación de viviendas».
Desde ese foro se indicó: «Estamos en desacuerdo con esa metodología, pero hay un cóctel que es explosivo, como la necesidad objetiva de viviendas para gente sin techo y la política clientelística en el otorgamiento, y cualquier terreno vacío hoy puede ser ocupado por esas necesidades».
Los grupos que habrían convocado a la usurpación vendrían de sectores más ligados con la izquierda extrema.
La villa 20 tiene como cacique a Marcelo Chancalay (ex boxeador, como su hermano) integrante de la Coordinadora de Villas, de quien aseguran mantenía buen diálogo con la oficina de la ex Jefatura de Gabinete porteño. La coordinadora actuaría como nexo en la entrega de departamentos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El juez, en un fallo de semanas atrás, resolvió la intervención de la villa y ordenó que el Gobierno porteño designe un delegado normalizador y se convoque a elecciones de representantes para el próximo 15 de octubre. Por otra parte, intimó al Gobierno porteño a realizar tareas de limpieza en las calles de la villa y «desagote de la totalidad de las cámaras y cañerías cloacales».
El secretario de Prensa del Gobierno porteño, Oscar Feito, salió, tras los incidentes de Lugano, a asegurar la existencia de «un trasfondo político».
«Detrás de los episodios de esta mañana (por ayer) hay un trasfondo de tipo político. Conocemos desde hace 20 días, que hechos de este tipo se iban a dar durante el desarrollo de la Copa Davis para generar situaciones de tensión, tendientes a empañar un evento que no es sólo de la Ciudad, sino de todo el país», dijo el funcionario. Curiosamente, en coincidencia con esas sospechas se expresó la titular de la bancada porteña del macrismo, Gabriela Michetti.
Incentivo
Feito explicó que «hay una cuestión de un reclamo real por parte de la gente de la zona, que tiene que ver con la disponibilidad de un espacio para que el Gobierno pueda continuar con el plan de urbanización de la villa que comenzó y que va a continuar» y dijo que hubo «un grupo muy chico de personas que trabajaron en la villa para incentivar los incidentes».
Por su parte, desde el Ministerio del Interior señalaron que el terreno que fue usurpado pertenece a la Policía Federal, y que se está conversando con el Gobierno porteño para urbanizarlo, una vez que sea erradicado de allí el «cementerio de autos».
La Policía avanzó ayer sobre los manifestantes para que retrocedieran y abandonaran el lugar, pero hubo resistencia, se provocaron enfrentamientos que concluyeron con alrededor de diez personas que fueron detenidas y cuatro efectivos que debieron ser atendidos en el hospital Churruca.
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