La seguridad es una de las áreas cuyas reformas se definen más pendientes a encuestas de opinión y a la sensibilidad coyuntural que a estudios comparados y experiencias. Detrás de esas decisiones, al calor de los anuncios de campaña y las leyes que endurecen condiciones, los tiempos y prácticas judiciales obedecen sus propias reglas, sin sujetarse a la situación de encierro o a los índices de criminalidad. Este análisis es insistido por los criminólogos argentinos y vuelve a discutirse en el libro “El castigo actual” (Siglo XXI), del académico santafesino Máximo Sozzo.
Como exponente de la criminología, logró en su trabajo reunir estadísticas regionales del encarcelamiento, comparación de las teorías globales sobre la punitividad y la historia -con énfasis en nuestro país- de los marcos políticos que habilitaron las reformas penales que, según escribe, “tienen en común cierta obsesión con el cambio, que hace que no le presten atención a la persistencia del pasado en el presente de la penalidad”.
Según se propone en el libro, el punto de partida de los análisis no puede prescindir de datos categóricos: el crecimiento del encarcelamiento en América Latina en la década del ‘90, que llevó las tasas “escandinavas” de la región a duplicar la media de Europa en diez años. A pesar de que en 1992 sólo tres países tenían más de 100 presos cada 100.000 habitantes (Uruguay, Venezuela y Chile), en el 2005 todos pasaron a superar los 150 condenados cada 100.000 habitantes, con picos de 349 (Brasil), 306 (Uruguay) y 251 (Perú). Es allí donde Sozzo va más allá de la explicación de atribuirle la suba al Consenso de Washington y propone que, más que la abstracción del marco histórico condicionante, es necesario mirar las “causas próximas”, tanto “los procesos estatales y legales” materializadas por “los políticos profesionales”, como el “brazo administrativo del Estado”, con énfasis en los actores de la justicia penal.
El autor detalla que en la primera década del 2000 hubo “procesos que implicaron una ruptura con patrones políticos de larga duración en cada contexto nacional, produciendo un potente efecto democratizador” en las sociedades latinoamericanas, generando así una reducción del encarcelamiento y “nuevas constituciones, propiciando así agudas modificaciones con respecto a las tradiciones jurídicas”. Aún así, aquellos programas que llegaron presentándose como posneoliberales no consolidaron agendas penales alternativas, lo que representa el principal desafío que busca abrir a futuro la publicación: la dificultad de ruptura con las habituales propuestas punitivas bloquean la construcción de legitimidad de alternativas, sin caer en la calificación de garantismo o incluso de complicidad con el delito.
Es así como opera la figura de “lo que pide la gente”, más una concreta persistencia de la voluntad punitiva de los medios audiovisuales y las organizaciones de víctimas, llevaron a lo que se define como “tentación punitiva”: ante una crisis de legitimidad, es necesario sacudir una respuesta de “mano dura”. Esta tendencia está presente en la experiencia argentina, que muestra desde 1997 que llegar a una campaña electoral sin agenda de seguridad consolidada -y esto es punitiva- representa una falencia que ningún candidato puede permitirse. Incluso cuando no estuvo presente como una lógica nacional lo usufructuaron las campañas provinciales. ¿El resultado? El encarcelamiento en la Argentina creció un 98% desde 1992 al 2002 un 37% desde el 2002 al 2015.
El castigo actual, de Máximo Sozzo
“Las capacidades de desarrollar posturas alternativas son hoy muy difíciles”, reconoce Máximo Sozzo en diálogo con Ámbito, que sin embargo invita a observar experiencias que provocaron que el índice de encarcelamiento mengüe, como fue entre el 2005 y el 2007.
Periodista (P.): Usted relata cómo la teoría de la criminalidad local creció y comprendió los límites que tenía la apropiación de las teorías extranjeras, ¿existe menor comprensión de la dirigencia política al respecto de la importación de prácticas punitivas externas?
Máximo Sozzo (M.S.): Hay una constancia a lo largo de nuestra historia. Desde la construcción de los Estados-Nación hubo un proceso de importación muy fuerte, basta pensar en el ejemplo de la prisión como la forma de castigar a las personas que han cometido un delito. Eso tiene una presencia hoy totalmente dominante en el campo penal: castigamos fundamentalmente a través de la prisión, como producto de esa importación desde estados del norte global, en donde la prisión se inventó y donde los debates sobre cómo debe funcionar una prisión se construyeron.
Hoy nos pasan cosas similares con otro tipo de instituciones y prácticas que también son el producto de procesos de importación. Una que a mí me interesa mucho son los mecanismos de condena sin juicio. Nuestra justicia penal en América Latina hace 40 años no tenía ningún mecanismo de condena sin juicio. Hoy casi todas las jurisdicciones de América Latina han importado el “plea bargaining” estadounidense y condenamos más a la gente por procedimiento abreviado o juicio abreviado, que son los dos nombres que le hemos puesto en Argentina, que por juicio.
P.: En todo el libro está presente el debate sobre si existe una linealidad entre las “causas profundas” y el delito. Usted prioriza “las causas próximas”, y dentro de ella los administradores de la justicia penal.
M.S.: En las ciencias sociales nosotros estuvimos muy acostumbrados a pensar que el cambio de la penalidad contemporánea, especialmente el incremento de la punitividad, era el producto de causas de carácter estructural, como la transición hacia la modernidad tardía o hacia el neoliberalismo. Hemos ido descubriendo en los últimos 20 años que, pese a que esas “causas profundas” están presentes en distintos contextos, el resultado que le atribuíamos no está presente necesariamente de la misma manera y empieza a encontrarse con casos empíricos que dificultan esa interpretación.
Por eso el peso de esas “causas próximas” donde están los actores judiciales y también están los actores políticos en un sentido amplio, tanto los políticos profesionales como los movimientos sociales. Sino pensamos en esas “causas próximas” no tenemos capacidad de explicar las diferencias que atraviesan los contextos. Ahí sí creo que tanto actores políticos como judiciales cumplen un rol extraordinariamente crucial. Para que haya mecanismos de condena sin juicio, primero tuvo que haber reformas legales que fueron votadas por políticos electos popularmente, impulsadas por el Poder Ejecutivo, y después tiene que haber todos los días actores del sistema de justicia penal, fiscales, defensores, jueces, que acuerdan cerrar los casos por procedimiento abreviado. Hay que hilar toda esta cadena causal.
Máximo Sozzo durante una presentación de "El castigo actual", en Rosario.
P.: Siempre que se ve la idea de penalidad neoliberal, que piensa que el Estado tiene que ver con circunscribirse a la seguridad, no puede dejarse de lado la tensión con darle mayor presupuesto al aparato punitivo que necesariamente implica. ¿Cómo piensa usted esa tensión?
M.S.: Creo que resulta bastante evidente que las alianzas gubernamentales que han apelado fuertemente a la racionalidad neoliberal en los países de América Latina han entrado en esa especie de tensión de que reivindican un Estado mínimo, pero reivindican al mismo tiempo un Estado máximo en materia de penalidad, que está invirtiendo grandes dosis de recursos públicos en institución policial, institución judicial e institución penitenciaria. Ahí esa inversión pública genera capacidad estatal, que sin ella es difícil producir mucha punitividad: si vos tuvieras muy pocos policías, jueces y prisiones, no podrías producir mucho encarcelamiento, porque no tendrías cómo gestionarlo. Entonces la inversión pública ha sido un componente crucial, que aparece como paradojal si uno lo mira desde los principios abstractos de una racionalidad gubernamental neoliberal, pero que en los hechos, cuando revisamos las experiencias históricas realmente existentes en América Latina, ha sido una constante.
P.: Usted plantea que existe una especie de karma sobre los progresismos regionales de parecer de blandos con respecto al delito. ¿Por qué piensa que sigue pesando esto sobre los dirigentes de ese sector?
M.S.: Una de las razones por lo que eso ocurrió es la fuerte instalación en el debate público y político del problema del delito común como algo que hay que resolver ahora y ya como un tema central. En Argentina, claramente, eso ocurre a fines de los '90, en la crisis del menemismo. La instalación de ese tema generó que el lenguaje de la “mano dura” se posicione como un lenguaje que tiene capacidad de producir consenso político y electoral, aunque no sabemos a ciencia cierta si es necesariamente lo que los ciudadanos piensan si tuvieran más capacidad de profundizar sobre el tema.
Tenemos ahí un déficit desde el punto de vista de las ciencias sociales, pero la política cree en esa verdad y la reproduce. Y después hay actores que actúan por convicción en la política y después hay actores que actúan por conveniencia. El problema es que en la democracia realmente existente los que creemos que no todo el público es autoritario no logramos convencer a los actores políticos progresistas de que eso es así. Tampoco hay posibilidad de construir un discurso alternativo o no lo hemos hecho con el suficiente nivel de convicción.
P.: La agenda de seguridad parece implicar necesariamente un endurecimiento penal o una saturación policial. ¿Qué brecha usted piensa que existe en la actualidad argentina para ensayar otra postura?
M.S.: Las capacidades de desarrollar posturas alternativas son hoy muy difíciles. Para eso está bueno pensar qué pasó en la historia reciente. A mediados del 2000, tenemos un momento muy interesante del kirchnerismo en el que construye una retórica en torno a los derechos humanos y a la necesidad de ponerle límite a la punitividad. Eso se traduce en reducción de los niveles de encarcelamiento, porque tenemos un lustro de estabilización de los niveles de encarcelamiento. En la Argentina el único otro momento histórico reciente en donde eso pasó es en los ‘80 durante el gobierno de Alfonsín. Recurrir a esos momentos me parece que es útil a la hora de pensar cómo se puede construir alternativas.
Ver experiencias concretas donde los volúmenes de encarcelamiento disminuyeron me parece importante, tanto como ver cómo se construyeron esas experiencias concretas. Para mí ahí juega un rol crucial la política. Necesitamos un lenguaje y una actitud en la política que ha sido muy difícil de construir en estos últimos 20 o 25 años de experiencias progresistas en América Latina. Pero hay que seguir intentándolo de algún modo.
Ficha técnica de El castigo actual
