Mientras la atención deportiva está puesta en el Mundial de fútbol, la Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate de uno de los proyectos de seguridad que impulsa el Gobierno. La Comisión de Legislación Penal se reunirá desde el mediodía para comenzar a analizar la denominada ley Antibarras, una iniciativa que busca reforzar el marco penal contra las organizaciones violentas vinculadas al fútbol.
El Gobierno retoma la agenda de seguridad y lleva al Congreso la ley Antibarras
La Comisión de Legislación Penal comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que endurece las penas por delitos vinculados a la violencia en los espectáculos deportivos y apunta a sancionar también a dirigentes de clubes que mantengan vínculos con las barrabravas.
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En pleno Mundial, Diputados trata la ley Antibarras.
La convocatoria fue realizada por la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, y contará con la participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad, que expondrán los principales lineamientos de la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo.
El proyecto introduce modificaciones al Código Penal y crea una figura específica para perseguir a las barrabravas como organizaciones criminales. La iniciativa incorpora un nuevo tipo de asociación ilícita con el objetivo de agravar las sanciones para quienes integren estos grupos y participen en hechos de violencia relacionados con espectáculos deportivos.
Cuáles son los principales puntos de la ley Antibarras
La propuesta también alcanza a los dirigentes de clubes. El texto prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes colaboren con las barrabravas o mantengan relaciones económicas o institucionales con esos grupos, incluyendo la entrega irregular de entradas u otros beneficios.
Además, el proyecto endurece las penas para distintas conductas que se produzcan en el marco de eventos deportivos. Entre ellas figuran los daños a instalaciones, la portación de armas blancas u objetos contundentes, el ingreso con materiales inflamables o tóxicos y la tenencia de armas de fuego o explosivos, con escalas penales que aumentan según la gravedad de cada caso.
La iniciativa también incorpora sanciones para la reventa ilegal de entradas y otras maniobras vinculadas con la organización de los espectáculos deportivos, en el marco de una estrategia oficial orientada a desarticular el financiamiento y la estructura de las barrabravas.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que estas organizaciones exceden el ámbito de los estadios y desarrollan actividades delictivas de manera permanente, incluso fuera de los eventos deportivos, por lo que considera necesario actualizar la legislación vigente para mejorar las herramientas de investigación y sanción.