El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció la implementación de un nuevo esquema reglamentado por el Ministerio de Salud de la Nación, que establece el cobro de las prestaciones médicas no urgentes para los extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina. El funcionario sostuvo que la medida busca terminar con situaciones en las que extranjeros ingresan temporalmente al país para utilizar gratuitamente los servicios sanitarios.
La medida se desprende del DNU 366/2025, que introdujo modificaciones en la Ley de Migraciones. La disposición quedó establecida mediante un “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”, y definió cómo deberán actuar los hospitales nacionales frente a pacientes extranjeros.
“Durante las últimas décadas, vimos cómo los inmigrantes vienen al país a usar servicios públicos gratuitos que no contribuyeron con su con sus impuestos para financiar. Este es el caso de los famosos tours sanitarios, donde hay gente que viene al país, se atiende en un hospital público y se vuelve a su lugar de origen”, afirmó el vocero presidencial.
El funcionario también contrastó esa situación con las condiciones que enfrentan ciudadanos argentinos cuando requieren atención médica fuera del país: “Mientras tanto, se les cobran aranceles o se les imponen limitaciones a los argentinos que solicitan atención en sistemas de salud extranjeros. Con la reforma migratoria que impulsó el presidente Milei, este desbarajuste se terminó”.
El Gobierno estableció el cobro de las prestaciones médicas no urgentes para los extranjeros en el país.
RSP
Según explicó Ravier, la reglamentación dispuso que “cuando el paciente cuente con un seguro de salud, el establecimiento deberá notificar la atención brindada a la aseguradora y emitir la factura electrónica para el recupero de los costos”.
“En los casos en que no tengan cobertura, el hospital deberá elaborar un presupuesto y percibir el pago de la prestación antes de su realización”, agregó.
Qué pasará después de una atención de urgencia
El vocero remarcó que el cambio no alcanzará a la asistencia médica inmediata frente a cuadros graves. “La atención de emergencia no será cobrada ni deberá ser demorada con procedimientos burocráticos o administrativos”, aseguró.
No obstante, precisó que los tratamientos y prestaciones posteriores al episodio de emergencia sí podrán generar costos: “La atención brindada luego del evento de emergencia hasta el alta del paciente deberá ser consolidada por el hospital y notificada al paciente para su pago según la modalidad correspondiente”.
De esta forma, la atención ante una emergencia continuará garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria, y no podrá rechazarse ni demorarse por cuestiones administrativas. Sin embargo, las prestaciones habituales para extranjeros no residentes pasarán a ser aranceladas.
Finalmente, Ravier aseguró que los extranjeros con residencia permanente conservarán las mismas condiciones de acceso al sistema nacional y defendió el criterio migratorio impulsado por la administración de Javier Milei.
“Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre, pero es condición indispensable que lo hagan dentro del marco de la ley y respetando a los argentinos”, concluyó.
Cómo funcionará el cobro de la atención médica
La normativa determinó que, cuando el paciente disponga de un seguro de salud, el establecimiento deberá informar sobre la prestación realizada y emitir la correspondiente factura electrónica para recuperar el costo a través de la aseguradora.
En caso de que el extranjero no residente carezca de cobertura médica, el hospital tendrá que confeccionar un presupuesto y cobrar la prestación antes de realizarla.
La situación será diferente para quienes cuenten con residencia permanente. Ese grupo continuará accediendo a los establecimientos nacionales bajo las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos mediante la presentación de su DNI.
De esta manera, la resolución estableció un criterio uniforme para los establecimientos dependientes del Estado nacional y fijó mecanismos específicos para recuperar los gastos generados por la atención de personas extranjeras sin residencia permanente.