La norma, impulsada por la diputada provincial Lucía Lorena Klug, establece un marco normativo para los establecimientos educativos que no responden ni a la gestión estatal ni a la privada tradicional, y designa a la Dirección General de Cultura y Educación como autoridad de aplicación.
La nueva ley busca dar un marco institucional a un sector que hasta ahora no contaba con un reconocimiento específico en la provincia. El registro permitirá relevar establecimientos, promover su articulación con el sistema educativo y facilitar políticas públicas para su desarrollo.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este miércoles en el Boletín Oficial del distrito la Ley 15.619, que crea el Registro Provincial de Establecimientos de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria y que había sido sancionada por la Legislatura provincial el 16 de julio pasado.
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La norma, de la diputada provincial Lucía Lorena Klug (Frente de Todos), define a los establecimientos de gestión social, cooperativa y comunitaria como aquellos radicados en la provincia que son desarrollados por organizaciones sin fines de lucro, que responden a un proyecto social, comunitario, cooperativo y solidario orientado a atender las necesidades de sus estudiantes, y que implementan un modelo de gestión institucional comunitaria que propende a la democratización del gobierno escolar.
El texto faculta a la Dirección General de Cultura y Educación a determinar un área específica para el acompañamiento y fortalecimiento de estos establecimientos, que quedarán sujetos a su reconocimiento, habilitación y supervisión. Esa área tendrá a su cargo, entre otras funciones, garantizar el desarrollo y la actualización del Registro Provincial, promover la articulación de estas instituciones con las de gestión estatal y privada, fomentar capacitaciones para educadores y favorecer el acceso a materiales pedagógicos y tecnológicos.
La normativa también prevé la formación específica de agentes públicos, en particular de inspectores regionales y distritales, cuya función sea el acompañamiento y la supervisión de estos establecimientos. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su cumplimiento y establece un plazo de treinta días desde su promulgación para que la ley sea reglamentada.
La iniciativa había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Educación del Senado bonaerense en junio pasado, tras contar ya con media sanción en la Cámara de Diputados. En ese momento, Klug había explicado que la iniciativa "tiene que ver con que el Estado comience a reconocer que hay un tercer tipo de gestión de la educación, que no es ni privada ni estatal, comenzar a definirlas y a conocer su universo".
Según había señalado la legisladora en esa oportunidad, las escuelas de gestión social y cooperativa constituyen espacios que generan formas de participación comunitaria en la resolución de necesidades socioeducativas, con modalidades solidarias, colectivas y democráticas, lo que a su criterio justificaba contemplar sus particularidades dentro del sistema educativo provincial.