La iniciativa del Ministerio de Seguridad busca mejorar la coordinación en todo el país y reforzar la prevención ante fenómenos naturales y tecnológicos.
Las inundaciones son el principal deastre natural en Argentina.
El Gobierno oficializó el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, una herramienta que apunta a ordenar la respuesta ante emergencias y fortalecer la articulación entre todos los niveles del Estado. Según el diagnóstico incluido en el documento, el 60% de los eventos registrados en Argentina corresponde a inundaciones.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La medida fue publicada este jueves mediante la resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial, con el objetivo de optimizar la coordinación frente a situaciones que pongan en riesgo a la población y sus bienes.
El programa había sido presentado en agosto de 2025 en el ámbito del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, organismo encargado de centralizar las decisiones en esta materia. Su elaboración fue impulsada por la Secretaría Ejecutiva del mismo consejo y contó con la validación de distintas áreas técnicas, incluida la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad.
El plan se inscribe dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), que establece la necesidad de coordinar acciones entre Nación, provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil.
El documento fija los lineamientos que guiarán la política pública frente a desastres naturales y antrópicos, con foco en anticipar, reducir impactos y mejorar la capacidad de respuesta, además de fortalecer la resiliencia social.
Entre los principales datos, el informe advierte que las inundaciones no solo representan la mayoría de los eventos, sino que también concentran el 95% de las pérdidas económicas y de las personas afectadas, según estadísticas del Banco Mundial y la CEPAL. Las regiones del NEA, NOA, el centro del país y el AMBA aparecen como las más expuestas a este tipo de fenómenos.
El relevamiento también identifica otros riesgos relevantes, como la actividad sísmica —especialmente en Cuyo y el NOA— y la presencia de 39 volcanes activos o potencialmente activos, además de amenazas tecnológicas vinculadas a actividades industriales y al transporte de materiales peligrosos.
En este marco, el plan pone el acento en la comunicación, la educación y la generación de alertas tempranas como herramientas centrales para prevenir daños y mejorar la respuesta ante emergencias, con especial atención a los sectores más vulnerables.
Asimismo, se prevé la conformación de equipos técnicos permanentes encargados de actualizar diagnósticos, evaluar resultados y ajustar las estrategias, con participación de distintos organismos y de la ciudadanía.
El financiamiento estará respaldado por el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, creado por la Ley 27.287, que destina recursos del presupuesto nacional a proyectos de prevención y mitigación. El seguimiento del plan quedará en manos de la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR, que deberá presentar informes de avance durante su implementación.
Dejá tu comentario