Las tobilleras que se colocan a los presos no pueden sacarse
o romperse sin que el sistema lo detecte.
«No es la tecnología, sino los hombres los que fallan. El sistema, que es israelí y se usa en otros veinte países, está pensado para pequeños delincuentes, para quienes cometieron, por ejemplo, un hurto, un arrebato, y no son reincidentes.» El empresario Roberto Juárez ganó una licitación en 2002 para proveer al Servicio Penitenciario Bonaerense un sistema de «tobilleras» electrónicas que monitorean que un recluso no viole la prisión domiciliaria impuesta por un juez. Desde entonces, asegura, llevan colocados unos 1.800 dispositivos, con un índice de rupturas e intentos de amañar el sistema «inferior a 2,5%».
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El producto es fabricado en Tel Aviv por Elmo Tech -que desarrolló la tecnología hace 15 años- y distribuido en el país por General Industries, de la que Juárez es gerente. El ejecutivo niega de plano que el aparato pueda ser desconectado -aun brevemente- sin que esto sea detectado por el sistema.
Un juez elige a un preso para cumplir arresto domiciliario, y lo monitorea con nuestro sistema.
La pulsera puede cortarseo romperse, pero de inmediato el sistema lo detecta. Es una fantasía pensar que un reo puede hacerlo, ponerle la tobillera a un tercero y pasar inadvertido.
Es que cualquier intento de alterar el sistema es detectadode inmediato. La advertenciala recibe nuestra empresa en el centro de control, y de inmediato le avisamos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que le da aviso al juez.
El monitoreo se hace vía línea telefónica; por eso, en el informe ambiental que hace el SPB antes de que se conceda una prisión domiciliaria monitoreada, debe constatar que el domicilio del reo tenga línea telefónica habilitada.
Si por alguna razón se interrumpe la línea telefónica, el sistema lo detecta de inmediato y avisa al SPB.
«En el caso de Angel Fernández, a quien se acusa del cuádruple asesinato de la familia Mansilla, la empresa telefónica le cortó la línea el 12 de julio por falta de pago. Le avisamos al SPB, que a su vez le habría dado curso al juez.
No podemos decir por qué no se actuó, pero le repito que no fue una falla del sistema sino de algún integrante de la cadena humana».
Cabe recordar que Fernández estaba con tobillera (arresto domiciliario) desde hace un año, a pesar de tener una condena a perpetuidad por violación seguida de muerte.
Gozando de libertad condicional -que obviamente violó cometiendo este delito- se lo encontró en posesión de un arma. El juez le impuso arresto domiciliario a pesar de su prontuario.
Juárez dice que «el servicio telefónico está interrumpido en esa casa desde el 12 de julio, y los crímenes se cometieron el día 24...». Agrega que a pesar del corte de la línea, en el domicilio se instala una «caja negra» que registra todo lo que sucede con la pulsera (intentos de removerla; violación de la restricción de dejar el perímetro, etc.). «Fernández, según registró la caja negra, entró y salió todos los días a partir del 12, y el 24 -el día de los asesinatos- detectó que la había cortado», revela el ejecutivo.
«La tobillera está pensada para gente no peligrosa, no reincidente, que han cometido delitos menores... En ninguno de los países donde se lo utiliza (el principal cliente de Elmo Tech es Estados Unidos) se le pone a un criminal peligroso», afirma Juárez. Cuenta como ejemplo el caso de una mujer que fue golpeada durante años por su esposo, que también castigaba a sus hijos chicos. «Un día, después de haber sido atacada brutalmente por su pareja, lo mató. El juez, con muy buen criterio creo yo, le impuso prisión domiciliaria con control electrónico: si la hubiera mandado a la cárcel, los chicos habrían quedado solos, a la buena de Dios...».
El empresario aclara que el sistema no funciona como un GPS justamente porque «no está previsto que el reo deje su domicilio, así que no hay necesidad de monitorear dónde está más allá de esa ubicación».
El sistema le cuesta a la provincia $ 27,60 por día y por reo, un monto seguramente inferior a lo que debería gastar si ese mismo preso estuviera en una cárcel. La licitación prevé el uso simultáneo de hasta 300 tobilleras.
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