Gobierno apeló legalidad del "espionaje virtual"

El gobierno decidió ayer apelar el fallo que declaró inconstitucional la «ley espía» que permitía al Estado revisar los e-mails, vigilar las comunicaciones telefónicas y obligaba a los proveedores de Internet a almacenar esa información durante 10 años.

La medida fue dictada en mayo último por el juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Rossi, que impidió poner en vigencia la Ley de Telecomunicaciones Nº 25.873 y declaró nulo el Decreto presidencial 1.563 que la reglamentó.

El pronunciamiento se produjo ante un recurso de amparo presentado por la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (Cabase) que invocó el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.

• Inversiones

La cuestionada normativa también posibilitaba al Estado espiar las conversaciones por chat y disponía que las empresas de telecomunicaciones debían realizar inversiones adicionales para grabar las conversaciones que se establezcan vía telefónica e Internet. La idea que se explicitaba en la norma era que ayudaría a la Justicia y a la SIDE en los seguimientos de secuestros y casos de narcotráfico.

Sin embargo, el «espionaje virtual» puso en aprietos al gobierno, que debió salir a explicar la sanción de una ley que fue aprobada entre gallos y medianoche y que terminó convirtiendo a todos en sospechosos. Su trascendencia y sus alcances llevó a que se derogase el decreto, pero la ley continuaba en vigencia. El Poder Ejecutivo tenía la posibilidad de apelar el fallo, porque si no la sentencia quedaba firme, llevándolo ante la Cámara para sostener la ley y sólo introducirle modificaciones. Eso fue lo que hizo ayer.

En rigor, lo que pretende el Ejecutivo es mejorar la ley, en especial los artículos que violan la intimidad de los ciudadanos. Néstor Kirchner reconoció que en el gobierno «jamás se creyó que se podía invadir el derecho a la intimidad o los derechos individuales», adelantó además que la modificará, un anuncio contradictorio hasta ahora con lo que hicieron ayer los abogados del Estado.

En el Congreso hay varios proyectos para hacer caducar el plan para espiar charlas por teléfono e Internet. Algunos apuntan a corregir y otros a anular la norma. Por caso, el proyecto del diputado Hugo Franco, presidente del bloque del Frepobo, propone derogar tres artículos de la Ley de Telecomunicaciones. Se trata del 45 bis, ter y quater que obliga a las empresas de telecomunicaciones a almacenar información privada por diez años para que puedan ser observadas por la Justicia o la SIDE.

• Insuficiente

Franco sostiene que «no basta con que el decreto sea derogado, sino que la propia ley debe ser derogada por cuanto ésta contiene la génesisdel problema». El planteo de legislador es bastante interesante en varios aspectos. Sostiene que:

• La amplitud de la obligación de almacenar datos es desproporcionada por cuanto implica el registro indiscriminado de información durante un muy extenso plazo (10 años). Y extiende la facultad de interceptar al Ministerio Público. Actualmente, las denominadas «escuchas» pueden realizarse con la orden de un juez federal, siempre y cuando exista una investigación penal.

• Existe una posible colisión con la Ley de Inteligencia que reglamenta la forma en que se procede a interceptar comunicaciones.

• La Ley de Inteligencia establece un plazo no mayor de 60 días y el registro que prevé la Ley de Telecomunicaciones debe ser conservado por un plazo de 10 años. Período que no encuentra precedentes en la legislación nacional ni comparada: los países de la Unión Europea en general establecen un máximo de 12 meses, salvo un caso de 3 años. EE.UU. prevé 90 días con la posibilidad de prorrogar por 90 días más.

El diputado Franco considera que lo correcto es que «vuelva a darse el debate parlamentario sobre todo por la finalidad original que tenía la iniciativa. Esto es: combatir el delito y servir al esquema de seguridad colectivo de la Nación».