El gobierno de los Estados Unidos divulgó ayer una lista de nueve personas y dos empresas comerciales identificadas como proveedoras de apoyo financiero y logístico al grupo islámico Hizbollah desde la Triple Frontera de la Argentina, Paraguay y Brasil.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Según el Departamento del Tesoro, esta red de recaudación de fondos han provisto servicios financiero y de otro tipo al «terrorista global» Assad Ahmad Barakat, quien ya había sido identificado en junio de 2004 por su apoyo al grupo islámico.
«La red de Assad Ahmad Barakat en el área de la Triple Frontera es una gran arteria financiera para el Hizbollah en Líbano», indicó Adam Szubin, director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las autoridades de Estados Unidos han expresado su preocupación en los últimos años por la posibilidad de que la Triple Frontera sea un centro de financiamiento y lavado de dinero de grupos militantes islámicos como Hamas y Hizbollah, lo que es negado por Brasil
Hace pocos días, la Argentina, Brasil y Paraguay crearon un Centro Regional de Inteligencia (CRI) en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para reforzar la vigilancia en la zona, aunque los gobiernos locales no tuvieron injerencia en la investigación divulgada ayer.
El CRI fue uno de los compromisos asumidos por los tres países en sus negociaciones con Estados Unidos en el ámbito del llamado «Grupo 3+1». Precisamente, esa organización tripartita se reunió esta semana en Buenos Aires para analizar los avances en materia de cooperación en investigaciones contra el terrorismo y el lavado de dinero.
Según el «Grupo 3+1», la información presentada por los Estados Unidos «no aporta nuevos elementos que pudieran permitirles afirmar la existencia de actividades terroristas en la región, incluyendo el financiamiento del terrorismo».
Los acusados por EE.UU. residen en Ciudad del Este y el gobierno estadounidense pidió a sus pares de la Argentina, Paraguay y Brasil que otorguen «cuidadosa consideración» de la información suministrada, para que «hagan todo lo que esté a su alcance» contra el financiamiento del terrorismo internacional.
La información fue difundida durante una audioconferenciarealizada en la embajada estadounidense en Buenos Aires con el secretario adjunto para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, Patrick M. O'Brien.
Pese a la advertencia, anoche los gobiernos de la Argentina, Brasil y Paraguay anticiparon que no existían pruebas contra los nueve residentes de la Triple Frontera acusados por Estados Unidos de financiar el terrorismo internacional.
Colaboradores
Ayer el secretario adjunto O'Brien sostuvo que las personas y organizaciones involucradas colaboraron con Assad Ahmad Barakat, quien según Washington sería el principal nexo en la región con Hizbollah, al punto de definirlo como «terrorista global especialmente identificado» desde junio de 2004.
En la conferencia, O'Brien detalló que los nueve implicados habrían suministrado «miles de millones de dólares» a Hizbollah a través de actividades ilegales realizadas en la Triple Frontera y en la ciudad de Iquique, en Chile.
Se trata de Muhammad Yusif Abdallah, Hamzi Ahmad Barakat, Hatim Ahmad Barakat, Muhammad Fayez Barakat, Muhammad Tarabain Chamas, Saleh Mahmoud Fayad, Ali Muhammad Kazan, Farouk Omairí y de la Galería Page y el comercio Casa Hamze de Ciudad del Este.
El funcionario sostuvo que las actividades de estos individuos están relacionadas con una variedadde acciones ilícitas. Algunoshan cumplido tareas de agentes operativos de contrainteligencia y otros han servido como enlace entre la embajada de Irán y el Hizbollah.
AMIA
O'Brien evitó responder si los supuestos colaboradores de Hizbollah tuvieron algún tipo de vinculación con el atentado contra la AMIA, que según la investigación de la Justicia argentina involucra a miembros de ese grupo islámico y también menciona la existencia de llamadas realizadas por los implicados a la zona de la Triple Frontera.
La identificación de las nueve personas fue realizada de acuerdo con una orden ejecutiva, la 13.224, que implica la prohibición de transacciones entre ciudadanos estadounidenses y los individuos y entidades mencionadas, y congela cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
Esa orden ejecutiva permite una acción directa sin necesidad de recurrir a la Justicia, aunque los implicados pueden presentar recursos ante los tribunales federales estadounidenses. Así lo aclaró el funcionario estadounidense, quien reconoció que la acción podía ser impugnada en los tribunales de su país.
El gobierno de George W. Bush comunicó estas novedades a través de las cancillerías de los respectivos países y ahora espera alguna acción de Brasilia, Buenos Aires y Asunción, aunque cuidadosamente no realizó ningún pedido en concreto.
Estados Unidos, desde hace años, viene reclamando a los gobiernos de los tres países para que fortalezcan las medidas de seguridad contra células terroristas que operarían en la Triple Frontera.
Dejá tu comentario