El ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti seguirá detenido por gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, luego que la Sala I de la Cámara Federal confirmase una nueva negativa a su excarcelación, indicaron hoy fuentes tribunalicias.
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La resolución -contenida en un fallo de 23 carillas- la tomaron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes de esa manera ratificaron lo oportunamente resuelto por el juez federal Daniel Rafecas, quien se había opuesto a excarcelar al represor.
Guglielminetti está procesado, con prisión preventiva, por al menos un centenar de delitos de "lesa humanidad" cometidos en los centros clandestinos de detención "Olimpo" y "Automotores Orletti" ubicado en Venancio Flores casi esquina Emilio Lamarca, por donde se estima que pasaron más de 200 prisioneros detenidos ilegítimamente.
El juez Rafecas, quien parangonó los centros clandestinos de detención con los campos de concentración del nazismo, recordó que en "Orletti" los secuestrados "eran sometidos a un régimen con tanta carga de terror y sadismo, que de por sí era constitutivo del delito de imposición de tormentos".
En septiembre de 2006 Guglielminetti fue hallado "prima facie" responsable por el secuestro de 65 personas, 24 de ellas desaparecidas, en ese campo clandestino que funcionó, durante los primeros meses del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" en el barrio porteño de Floresta.
También están procesados el ex comodoro Néstor Guillamondegui, el ex general Eduardo Cabanillas, el ex coronel Rubén Visuara y el también ex agente de inteligencia Honorio Martínez Ruiz, entre otros, y entre las víctimas del grupo se encuentran Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.
Si bien el camarista Farah recordó que la prisión preventiva desde aplicarse "excepcionalmente", en este caso se inclinó a la confirmación de la negativa a la excarcelación al sostener que "puede suponerse, fundadamente, que el encartado intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer el curso de la investigación en caso de recuperar la libertad".
Basó esa apreciación en que, por las "actividades de inteligencia que habría mantenido durante la última dictadura militar", podría "conocer los aspectos de la última fase de las maniobras delictivas" e intentar evitar "que se conozca el destino real de las víctimas de los sucesos que se le imputan" y que permanecen como "desaparecidas".
La medida se tomó en la "megacausa" que tramita el juez Rafecas por los delitos de "lesa humanidad" cometidos en la órbita del I Cuerpo de Ejército y que fuese reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
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