En el escrito se sostuvo que la conducta del detenido y las recomendaciones de la Suprema Corte provincial, resulta viable aplicar una medida menos restrictiva, como prisión domiciliaria o monitoreo electrónico, sin afectar el normal desarrollo del expediente.
En el escrito se pidió aplicar una medida menos restrictiva.
Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario del homicidio de Fernando Báez Sosa, solicitó este jueves al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores su excarcelación o, en su defecto, una atenuación de las condiciones de detención. La defensa argumentó que el tiempo transcurrido bajo prisión preventiva ya superó “un plazo razonable compatible con su naturaleza cautelar”.
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El planteo fue presentado por su defensor ante Casación bonaerense, Ignacio Nolfi, junto a Rolando Brown, de la Unidad Funcional de Defensa (UFD) N°2 de Dolores. En el escrito, sostuvieron que, dadas las condiciones actuales del proceso, la conducta del detenido y las recomendaciones de la Suprema Corte provincial, resulta viable aplicar una medida menos restrictiva, como prisión domiciliaria o monitoreo electrónico, sin afectar el normal desarrollo del expediente.
Pertossi, de 27 años, se encuentra alojado junto a los otros siete condenados en la Unidad 61 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Melchor Romero. En la misma causa fueron sentenciados Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli —a prisión perpetua—, y Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, también a 15 años. Según fuentes judiciales, el abogado de Thomsen, Francisco Oneto, adhirió al pedido de revisión de la detención.
En paralelo, la defensa de Lucas Pertossi ya había solicitado en diciembre pasado ante la Corte Suprema la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio. El planteo se basa en una supuesta vulneración del derecho de defensa, al considerar que existieron intereses contrapuestos entre los acusados durante el proceso, pese a haber contado con una defensa técnica común encabezada por Hugo Tomei.
De acuerdo con Nolfi, la gravedad del caso y la disparidad en los roles de los imputados exigían una estrategia diferenciada, algo que —según sostuvo— no fue garantizado durante el juicio. En ese sentido, cuestionó que los tribunales no hayan intervenido para evitar que esa defensa común afectara los derechos individuales de algunos de los acusados.
Las condenas, dictadas en febrero de 2023 por el TOC N°1 de Dolores, aún no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense debe resolver los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal y los representantes de la familia de la víctima —que buscan que todos los condenados reciban prisión perpetua— como por las defensas, que intentan revertir o atenuar las penas.
Además, parte del caso ya llegó a la Corte Suprema nacional, donde se analizan planteos por presuntas violaciones constitucionales, entre ellos cuestionamientos sobre la validez de las actas de imputación. Mientras tanto, el expediente continúa abierto en distintas instancias judiciales.
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