Indoamericano: piden indagatoria a 45 policías y a una jueza

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El fiscal de instrucción Sandro Abraldes requirió al juez Eliseo Otero que llame a declaración indagatoria a 33 miembros de la Policía Metropolitana, a 12 de la Federal y a la juez penal porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo del Parque Indoamericano el 7 de diciembre del año pasado.

El operativo dispuesto entonces por Nazar concluyó con dos asesinatos, y según la acusación fue hecho con una "total carencia de recaudos" y una "actitud desaprensiva" por parte de la magistrada.

En un extenso dictamen de 98 carillas, el fiscal consideró que hay pruebas suficientes para establecer que los disparos que causaron dos muertes ese día partieron de dos grupos de la Policía Metropolitana que actuaron en el lugar.

Abraldes incluyó en sus reclamos de indagatoria como imputados por distintos delitos al comisario mayor de la Metropolitana Ricardo Ferrón, y a los de la Federal Roberto Palavecino y Hugo Lompizano, según informaron fuentes judiciales.

Lompizano ya está procesado, pasado a disponibilidad, e irá a juicio oral acusado en otro caso, el del crimen del manifestante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, por haber supuestamente "liberado" la zona del barrio porteño de Barracas donde fue asesinado el joven militante el 20 de octubre del año pasado.

En un dictamen que ahora deberá ser evaluado por el juez Otero, Abraldes entendió que el operativo fallido de desalojo donde fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosemarie Chura Puña en Villa Soldati, se dispuso con "una total carencia de recaudos" y esbozó que la juez, que no fue al lugar, tuvo una actitud "sumamente desaprensiva frente a las consecuencias posibles de la orden impartida".

El intento de desalojo se efectuó en forma conjunta por las fuerzas de seguridad de la ciudad y la Nación, en un operativo donde según el dictamen fiscal hubo 581 disparos por parte de las fuerzas de seguridad en lo que calificó como un "accionar policial violento".

Como consecuencia murió Salgueiro, un ciudadano paraguayo de 22 años de un tiro en el estómago y la mujer, de 28, víctima de un disparo en el tórax, mientras que otros seis ocupantes recibieron balazos y quedaron heridos.

El fiscal Abraldes entendió que las balas que ocasionaron las muertes partieron de la división Operaciones Especiales Metropolitanas de la ciudad de Buenos Aires, que disparó al igual que otro grupo, el de Vigilancias Preventivas.

"Dispararon repetidas veces sus armas largas sobre el puente de la avenida Escalada" donde murió Salgueiro, y luego en la autopista 7 y avenida Castañares, donde resultó herida de muerte Chura Puña.

"Se los ve disparando repetidas veces" argumentó el fiscal sobre los agentes en base a videos examinados en la causa y concluyó que "ninguno de los disparos efectuados reúne la condición de defensivos, sino precisamente el extremo opuesto", y con "cartuchos de escopeta del tipo antitumulto (AT) adulterados mediante la sustitución previa con una posta de plomo".
Para todos los integrantes de la Metropolitana, 33 oficiales en total, se pidió la indagatoria por los homicidios en agresión de las dos víctimas y lesiones en agresión por los heridos, agravado por uso de arma de fuego.

En cuanto a los comisarios de la Federal Palavecino, Lompizano, Juan Antonio Quintero y Emilio Ramón Miragaya, se les imputó la "defectuosa estructuración y ejecución del desalojo" con "impericia".

"En razón de sus funciones específicas y ubicación en la línea de comando, cabe concluir -al menos de momento- que fueron quienes tomaron, a nivel táctico, las decisiones relevantes", sostuvo al reclamar al juez Otero que los cite por supuesto "homicidio y lesiones imprudentes".

La Federal quedó acusada también por disparar con escopetas a ocupantes que se habían replegado dentro de la Villa 20 tras el desalojo del predio del Indoamericano.

Para la juez Nazar, se reclamó la indagatoria por "homicidios y lesiones imprudentes y prevaricato de derecho", es decir, emitir órdenes contrarias a la legislación. "Fue sumamente desaprensiva frente a las consecuencias posibles" de la orden que dio, agregó el fiscal.

"No mantuvo contacto con la policía a los fines de dar indicaciones específicas, ni ejerció la supervisión personalizada sobre el operativo, no se apersonó para tomar real dimensión de la situación", enumeró el fiscal y tampoco al menos llamó por teléfono de manera "directa" a quien estaba ejecutando sus órdenes.

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