Una médica del Hospital Fernández que denunció a una mujer que llegó a la consulta con un aborto en curso, será denunciada este miércoles penalmente por la diputada porteña María Rachid (FpV), quien además presentó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la actuación del personal de salud.
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El 29 de junio último, una mujer de 28 años concurrió al hospital con un aborto en curso, por lo que las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich constataron la muerte fetal y realizaron la interrupción del embarazo, en medio de comentarios condenatorios hacia la mujer.
Al hacerse cargo de la guardia, la médica Rosana Buffa decidió denunciar a la paciente, le dio el alta a menos de 24 horas de la intervención, y la mujer estuvo 10 horas en un calabozo, transitó un proceso judicial de un mes y medio y fue sobreseída.
El caso llegó a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia que preside Carmen Argibay, quien decidió "tomar este caso y comenzó a capacitar a los operadores de justicia para dejar claro que no se deben penalizar estas situaciones", agregó la profesional.
Ante esta realidad "decidimos denunciar penalmente a las y los médicos del Fernández por someter a esta mujer a una situación de violencia institucional y médica, como si la práctica del aborto no fuese por sí misma, traumática", señaló la diputada Rachid.
Además de la denuncia penal, Rachid realizó un pedido de informes al Gobierno que encabeza Mauricio Macri para saber si en caso de asistencia por aborto hay un protocolo de secreto médico, si se capacita al personal de salud, si hay otras denuncias penales y si se instruye a los médicos para que denuncien.
Para la legisladora, "la actitud de estas profesionales es un fiel reflejo de la política del Gobierno de la Ciudad en materia de aborto, ya que el PRO puso trabas a la sanción de una ley en la Ciudad que establezca un protocolo para los casos de aborto no punible y Macri veto la ley. Esto marca una posición frente a este tema".
La causa estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, a cargo de Luis Alberto Zelaya, y quien determinó la detención de la mujer habría sido el secretario del juzgado, Juan Sebastián Schabas Madueño, según el informe de la Defensoría.
El juez anuló toda la actuación y sobreseyó a la mujer porque la denuncia médica "vulneró el derecho constitucional a no autoincriminarse" y cuestionó la violación del secreto profesional entre médico y paciente. Este tipo "de violaciones constitucionales muchas veces no trascienden, falta información, por lo que es necesario capacitar al personal de salud y judicial. Tienen obligación de conocer la ley que dice claramente que no se puede criminalizar una situación así", enfatizó Asensio.
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