El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil porteño número 102, a cargo de Martha Gómez Alsina, declaró la "nulidad e inexistencia" del matrimonio entre Norma Edith Castillo y Ramona Arévalo celebrado el 9 de abril pasado.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Gómez Alsina también ordenó a la pareja de mujeres "reintegrar la libreta de familia y la partida en el término de 72 horas", en una medida que ya fue notificada al Registro Civil de Buenos Aires, donde contrajeron enlace.
La magistrada hizo lugar a una demanda cursada por el abogado Ernesto Ricardo Lamuedra, en una causa que el letrado inició en contra de Norma y Ramona sobre "nulidad de matrimonio". El 9 de abril pasado ambas mujeres se casaron en la primera boda entre lesbianas del país. Este letrado es el mismo que logró que el lunes pasado el juez en lo civil Federico Gustavo Irazabal declarara inexistente el matrimonio de Damián Bernath y Jorge Salazar.
Al decretar la "nulidad absoluta" del casamiento celebrado ante el Registro del Estado Civil porteño, la jueza destacó que el artículo 172 del Código Civil "es claro al disponer que los contrayentes deben ser hombre y mujer".
Alsina consideró que el derecho establece al matrimonio como "la unión intersexual entre un hombre y una mujer en el sentido de que ha de ser reconocida y protegida como tal, con el fin de perpetuar la especie en el orden natural, a través de la procreación". "Por eso es de interés público y el acto jurídico que cumplido contravenga de manera manifiesta las normas que la regulan es nulo de nulidad absoluta y así debe ser declarado", agregó.
La jueza aclaró que su decisión "no significa adelanto de opinión alguna sobre el fondo del asunto ni discriminación hacia la cohabitación estable de personas del mismo sexo". Lamuedra inició su campaña judicial contra el matrimonio de personas de un mismo sexo el 1° de diciembre pasado, cuando logró que el juzgado civil 85 dictara la primera medida cautelar que impidió el matrimonio entre Alex Freyre y José María Di Bello.
Un mes antes, este abogado matriculado en Capital Federal y con estudio próximo al Palacio de Tribunales interpuso un amparo para que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apelara la autorización judicial a la boda.
En todos los casos, se trata de intervenciones judiciales muy similares, ya que gestiona ante un tribunal nacional una medida en contra de lo resuelto por uno porteño. Tanto la boda entre Castillo y Arévalo, como la de Freire y Di Bello, habían sido autorizadas por la jueza porteña Elena Liberatori, ante quien los contrayentes presentaron recursos de amparo, y las decisiones no fueron apeladas por el Gobierno porteño.
Las mujeres, que viven en pareja desde hace unos 30 años y se exiliaron juntas durante la dictadura, son integrantes de la organización civil "Cien por Ciento Diversidad y Derechos" y Castillo preside el Centro de Jubilados Puerta Abierta a la Diversidad.
Dejá tu comentario