El jurado popular ya declaró culpables a Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena, pero aún no se definió qué pena recibirá cada uno. La fiscalía solicitó prisión perpetua para los tres.
La jueza Dolly Fernández cerró la etapa de cesura y ahora analiza las penas que recibirán los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski cerró este viernes una etapa clave: finalizaron las audiencias de cesura, el tramo en el que se discuten las penas que deberán recibir los imputados. Ahora la definición queda exclusivamente en manos de la jueza Dolly Fernández, quien deberá establecer la cantidad de años de prisión para cada condenado.
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La magistrada cuenta con un plazo formal de 15 días hábiles, aunque ese límite no necesariamente será lineal: la inminente feria judicial, que comienza el 24 de diciembre y se extiende hasta el 31 de enero, podría interrumpir los plazos y desplazar la sentencia hacia 2026.
Tras la última audiencia, Fernández habló con la prensa local y dejó abierta la posibilidad de que el veredicto final se demore más de lo previsto.
“Mi intención es resolver este año”, señaló. “Pero los quince días hábiles no son quince días corridos. Si los plazos se suspenden por feria o por audiencias no realizadas, esos días no corren. En ese caso, podría trasladarse al año próximo”.
La jueza remarcó que no existe una obligación de resolver antes del receso y que dependerá del ritmo procesal de los próximos días. Una vez fijada la fecha, la notificación a las partes se realizará a través del sistema informático SIGI.
Todavía no hay una definición sobre la eventual suspensión de términos, según detalló el medio Infobae. Esa decisión depende del Superior Tribunal de Justicia, que suele resolverlo cerca de la apertura de la feria. Por ahora, no hay confirmación ni sobre el calendario ni sobre la lectura de sentencia.
En el cierre de la audiencia, los integrantes del clan Sena utilizaron su turno de “últimas palabras” para insistir en un mismo reclamo: permanecer detenidos en Resistencia y no ser enviados a otra unidad penitenciaria.
El primero en hablar fue César Sena, quien se limitó a una declaración breve. “Adhiero a lo dicho por mi defensa y dejo planteada la reserva de todos los recursos pertinentes. Solo pido que no se modifique mi lugar actual de alojamiento. Mi familia está acá y necesito mantener ese vínculo”, expresó ante la jueza Dolly Fernández.
Luego intervino Emerenciano Sena, también conectado por videoconferencia. Se mostró preocupado por su salud y por la asistencia que recibe de parte de allegados. “No me trasladen de aquí. Este es el único lugar donde tengo cerca a mis familiares, amigos y conocidos. Ellos me acercan mis medicamentos; no tengo a nadie fuera de Resistencia. Moverme a otro sitio sería una condena a muerte. Sigo sosteniendo que soy un inocente condenado”, afirmó.
La última en hablar fue Marcela Acuña, que presentó un descargo más extenso y pidió que la jueza tenga en cuenta la situación de su marido. También cuestionó la valoración de la prueba realizada por el jurado popular.
“Quiero destacar que este es el cierre de un proceso muy significativo para la provincia y que, al momento de fijar la pena, debería considerarse cómo fuimos juzgados”, planteó. “En particular, la situación de Emerenciano. Se lo condenó con elementos que, a mi entender, ningún estudiante de Derecho tomaría como válidos para justificar una perpetua: una esquela y un audio cuya autenticidad es discutible. Eso no alcanza para definir una cadena perpetua”, sostuvo.
El jurado popular ya declaró culpables a Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena, pero aún no se definió qué pena recibirá cada uno. La fiscalía solicitó prisión perpetua para los tres, mientras que para los condenados por encubrimiento —Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo— pidió penas menores.
Con la etapa de cesura concluida, el expediente entra en su definición final, aunque con un cronograma condicionado por el calendario judicial. Si la sentencia no se firma antes del 24 de diciembre, el fallo podría conocerse recién cuando se retomen las actividades en febrero.
Hasta entonces, la causa que mantuvo durante meses en tensión a la provincia del Chaco queda en pausa, a la espera de la resolución que sellará el destino judicial del clan Sena y sus colaboradores.
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