Coronavirus: mesa de diálogo en Devoto comenzará a analizar 400 casos con condenas menores a tres años

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La mesa de diálogo entre representantes de presos del penal de Devoto, miembros de la Justicia y del Gobierno se reanuda en el marco de la polémica por los masivos pedidos de prisión domiciliaria de detenidos a raíz de la pandemia del coronavirus.

Funcionarios y autoridades judiciales acordaron este jueves con los representantes de los distintos pabellones de la cárcel de Villa Devoto comenzar a analizar 405 casos de presos con condenas menores a tres años, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Esta decisión se tomó en el marco de la tercera reunión llevada a cabo en el penal, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el pasado viernes hubo un motín en el que los presos reclamaron excarcelaciones y prisiones domiciliarias por temor a contagiarse el virus.

Según confirmaron fuentes penitenciarias a NA, los internos reclamaron que en el próximo encuentro del miércoles 6 de mayo participen todos los jueces de Ejecución Penal, y el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena.

En el acta firmada entre las partes, se acordó que se trabajará en unas 405 causas (de un total de 805) en las que las personas que permanecen presas estarían en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria, ya que se trata de condenas menores a los tres años.

Además, en el acta, se informó que 320 presos ya fueron externados de las cárceles federales, de un total de 1.280, que son las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo dpor el coronavirus.

En otros de los pedidos, que también consta en el acta, los presos solicitaron la entrega de una mayor cantidad de elementos de higiene y prevención para el COVID-19.

De la mesa de diálogo participaron el director del SPF, Emiliano Blanco; el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Daniel Morin; la jueza Vilma Bisceglia, del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 2; Pablo Barbuto, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la nación; y el defensor público oficial Guillermo Todarello.

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