Estableció el Gobierno los procedimientos de entrega, recepción inutilización y destrucción pública de armas de fuego y municiones. Es en el marco de la ley 26.216 que busca dismunuir la cantidad de armas en poder de los ciudadanos. Quienes las entreguen recibirán un incentivo y, aunque no estén registradas, serán beneficiados con una amnistía.
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