Un proyecto presentado en el Congreso busca utilizar recursos del FGS para reemplazar deudas por préstamos con condiciones reguladas.
La iniciativa propone créditos de hasta $1,5 millones para determinados beneficiarios de ANSES, pero todavía debe ser debatida y aprobada.
La posibilidad de que vuelvan los Créditos ANSES volvió a instalarse en la agenda luego de que un grupo de diputados impulsara nuevamente un proyecto para crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas. La iniciativa busca que determinados sectores puedan reemplazar deudas contraídas con tarjetas, fintech, cooperativas, mutuales, cadenas comerciales y otros proveedores no financieros por préstamos otorgados con condiciones reguladas.
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El proyecto no establece un regreso inmediato de los créditos. Todavía debe ser tratado en el Congreso, por lo que no hay inscripción abierta, formularios disponibles ni una fecha confirmada para poder solicitarlos. La propuesta fue presentada originalmente en enero y volvió a cobrar relevancia durante agosto por el reclamo de sus impulsores para que avance en el Poder Legislativo.
El proyecto plantea recuperar una herramienta de financiamiento administrada a través de ANSES, pero con una diferencia importante respecto de los antiguos créditos: el dinero tendría un destino específico. En lugar de entregar libremente el préstamo al beneficiario para que lo utilice como quiera, la propuesta establece que los fondos se destinen a cancelar obligaciones consideradas más gravosas. Es decir, la persona que acceda debería informar la deuda que busca reemplazar y el dinero sería transferido directamente al acreedor.
El mecanismo apunta principalmente a obligaciones contraídas con proveedores no financieros, un sector que incluye fintech, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales. También contempla deudas con tarjetas y otras formas de financiamiento de consumo. La intención de los autores es que una persona que actualmente paga una deuda a una tasa elevada pueda sustituirla por un préstamo con un costo financiero limitado y una cuota compatible con sus ingresos.
El proyecto propone utilizar hasta el 20% de los activos del FGS para financiar el programa. Para incorporarlo al marco legal, plantea modificar la Ley 24.241 y permitir que el fondo otorgue créditos a trabajadores aportantes, beneficiarios del sistema previsional y titulares de determinadas prestaciones de ANSES.
El proyecto establece un grupo amplio de posibles beneficiarios. La propuesta incluye a jubilados, pensionados, trabajadores registrados, titulares de asignaciones, personal de casas particulares y monotributistas de determinadas categorías. En el caso de los jubilados y pensionados, podrían acceder quienes perciban hasta seis haberes mínimos. El mismo límite de seis salarios mínimos se plantea para los trabajadores públicos y privados incluidos en la iniciativa.
También aparecen dentro del proyecto los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, además de quienes reciben pensiones no contributivas de hasta seis haberes mínimos. Para los monotributistas, el proyecto contempla a quienes estén inscriptos en las categorías A, B, C y D. Cada solicitante debería cumplir las condiciones previstas y demostrar que la operación corresponde al objetivo de refinanciamiento establecido por el programa.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el monto máximo de $1.500.000 por beneficiario. El proyecto establece que ese límite debería actualizarse semestralmente de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El préstamo tendría además un límite para evitar que las cuotas vuelvan a generar una situación de sobreendeudamiento. La propuesta establece que el pago mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.
Ese porcentaje se aplicaría tanto a trabajadores como a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones alcanzadas por el programa. La iniciativa también contempla el descuento automático de las cuotas sobre haberes o prestaciones, una modalidad que permitiría garantizar el cobro de las obligaciones pero que, al mismo tiempo, comprometería parte de los ingresos futuros del titular.
En cuanto al costo del financiamiento, el proyecto establece que el Costo Financiero Total no debería superar la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales, o la tasa mayorista de referencia que determine la autoridad monetaria. La intención es que el nuevo crédito tenga un costo menor al de las deudas que busca reemplazar. De esa manera, una persona que acumula intereses elevados en una tarjeta, una fintech o un préstamo personal podría trasladar esa obligación hacia un esquema con una tasa y una cuota reguladas.