Pese a que algunos menemistas a ultranza creen que saldrá hoy, fecha de su cumpleaños, la defensa de Carlos Menem recién espera un fallo adverso del juez federal Jorge Urso a partir de mañana porque no se imaginan un acto de tamaña crueldad procesal. De todos modos, su principal abogado, Oscar Roger, mantiene aún obvias esperanzas de obtener una falta de mérito aunque ya existe un pedido de procesamiento con prisión preventiva por parte del fiscal Carlos Stornelli. El ex presidente está acusado de ser el supuesto jefe de una asociación ilícita que se armó desde su gobierno para contrabandear armas del Ejército.
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El viernes, el juez Juan José Galeano, por pedido del fiscal Oscar Amirante, le solicitó a Urso que le mande además las pruebas que dice tener para investigar a Menem y a sus familiares por presunto enriquecimiento ilícito. Si Urso accede a lo requerido, Galeano decidirá si mantiene el pedido de César Arias, apoderado del Consejo Nacional del PJ y abogado de Menem en esta causa, para que defienda su competencia con respecto a esta investigación. Si Urso se niega al requerimiento de Galeano y éste insiste, se plantea un caso de conflicto jurisdiccional que deberá ser resuelto por la Cámara Federal Penal porteña.
Para Urso, la investigación del presunto enriquecimiento de Menem no es un tema menor. Agobiado por la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, también por presunto enriquecimiento ilícito, el juez tiene un arma procesal de importancia al escudriñar sobre los bienes del ex mandatario y de dos personas muy caras a sus sentimientos: su hija Zulema María Eva y la sucesión de su fallecido hijo Carlos. Bajo el argumento de que para determinar si hubo pago de coimas por la venta de armas, Urso abrió esta investigación presionado por Stornelli a instancias del abogado denunciante Ricardo Monner Sanz.
Por eso requirió informes al Banco Central, registros de la Propiedad Inmueble de Capital y provincias, registros del Automotor de varias jurisdicciones y Bolsa de Valores tanto de nuestro país como del Uruguay, del ex mandatario, sus hijos y unos 100 familiares, incluida la familia de su ex mujer, Zulema Yoma. Ante ello, Arias le planteó a Galeano que le pida a Urso que le deje la investigación por ser el juez que primero intervino ante otra denuncia y a Urso que se aparte, por los mismos motivos. Pero este abogado sólo acepta que se investigue a Menem a partir de 1998 porque a esa fecha se cerró una investigación en contra de Menem por parte de los jueces Jorge Ballestero en la Capital Federal y Miguel Morales en La Rioja. Ambos dictámenes con el sobreseimiento de Menem fueron confirmados por las respectivas cámaras por lo que se considera «cosa juzgada».
Investigación espejo
Pero este objetivo de perseguir a Menem por enriquecimiento indebido se ha convertido en una investigación espejo para Urso. La diputada peronista salteña Lelia Chaya que encabeza la instrucción en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura habría recibido informes de bancos y tarjetas de crédito sobre las cuentas que tiene habilitadas el magistrado. Por ejemplo, se cita que el juez tendría tarjetas Diners y de otras empresas como VISA, MasterCard y American Express en categoría gold (oro) y cuentas en los bancos Citi, Río, Galicia, Ciudad de Buenos Aires, HSBC Roberts, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires con permisos de girar en descubierto hasta $ 6.500 pesos cuando su sueldo es de $ 5.100. A estos datos se sumaría la propiedad que tiene sobre un departamento en la calle Castex valuado en el año 1994 en $ 290.000, de los cuales el mismo Urso declaró ante la Corte que tiene una hipoteca de $ 145.000. Sobre el denunciado piso de la Calle Ortiz de Ocampo aún no habrían aparecido datos y sobre su domicilio actual, otro lujoso inmueble en la selecta arteria San Martín de Tours, apareció como propietaria la empresa Mobarex Investment Corp. con sede en las islas Vírgenes británicas, un paraíso fiscal, que le alquila el inmueble al juez.
Ahora, los integrantes de la Comisión de Acusación -el pedido de investigación lo firmaron los consejeros Mario Gersenobitz y Eduardo Orio-quieren saber el nombre del apoderado legal de esa empresa en la Argentina y el alquiler que Urso le paga, así como también la renta que le devengaría el anterior departamento que figuraría a su nombre. Tampoco los consejeros han recibido informes, pese a que fueron requeridos hace más de un mes, del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires que depende de la gobernación sobre los campos que le han adjudican a Urso. Se trata de dos inmuebles, uno en Balcarce y otro en Chascomús. Sobre el primero, el juez alegaría su venta en el pasado como producto de una herencia familiar y en el segundo, sostiene que sólo alquila la mitad de la caballeriza para guardar cuatro ejemplares de raza ya que su deporte preferido es la equitación.
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