No será un viaje placentero el del juez federal Sergio Torres a Madrid para entrevistarse con su par Baltasar Garzón por la causa de la ESMA. El pedido de la defensora oficial, Silvia Otero Rella, para que el marino retirado Ricardo Cavallo --preso en España desde agosto de 2000- sea juzgado en la Argentina, complica el delicado equilibrio entre el mandato de administrar justicia y la independencia de la política.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El titular de la Defensoría General de la Nación, Miguel Angel Romero, dispuso que Silvia Otero Rella viaje a España y represente al marino Cavallo cuando el juez federal tome declaraciones a presuntas víctimas de la represión en la ESMA. La comitiva del juez parte el sábado 23 de octubre a España, está integrada por el secretario del juzgado, Diego Slupski y el fiscal Jorge Taiano. El embajador Carlos Bettini cederá oficinas de la representación argentina para el trámite de las declaraciones.
Lo precedió en el tour madrileño, Rodolfo Canicoba Corral, quien junto a dos fiscales visitó el mes pasado el tribunal del español Baltasar Garzón.
Ambos magistrados federales son dueñosde la historia judicial del desencuentrosetentista en sendas causas, la de la ESMA y la del Cuerpo I de Ejército. Torres tendrá que lidiar; como lo han hecho casi todos los presidentes desde que se recuperó la democracia; con la presión de un amplio sector del exilio -el propio embajador Bettini fue un militante activoque aún pregona la justicia universal pero con el polémico manual de Baltasar Garzón.
• Temor a represalias
La duda en imputar al marino Cavallo y traerlo en el avión de regreso, detenido, por los hechos que investiga el juez en el expediente de la ESMA, guarda relación con el temor a la represalia mediática de los grupos locales de derechos humanos. Argumentos sobran y los expondrá la defensora oficial en su escrito: el fiscal de la Audiencia Nacional (máximo tribunal español) Pedro Rubira, dijo en una resolución fechada el 20 de mayo de 2003, que ordena el apartamiento de Baltasar Gar zón: «Es público y notorio que la República Argentina, tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ha reabierto los procedimientos y encarcelado a los responsables de los delitos ocurridos entre 1976 y 1983», agregando que: «uno de los procedimientos reabiertos en la Argentina es el objeto de procedimiento español contra Cavallo»... Y hasta un certificado confeccionado el 11 de febrero de 2004, a pedido de Oscar Cavallo, padre y apoderado del marino preso, firmado por el secretario del juzgado, Diego Slupski, por el juez federal Torres y rubricado por el camarista Eduardo Luraschi en el que se lee en el último párrafo: ...»según surge del requerimiento fiscal presentado el día 20 de febrero de 1987 por los Fiscales ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Dres. Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo a fs. 3570/3671, Miguel Angel Cavallo se encuentra mencionado como imputado, por haber participado en los tormentos a los que fueran sometidos Telma Jara de Cabezas, Nora Wolfson, la «señora Rosa», solicitando se le reciba declaración indagatoria por los casos 55 al 281".
Dejá tu comentario