Acorrala ahora la Corte a los diputados que la enjuician

Corte Suprema de Justicia envió ayer un escrito a Sergio Acevedo, presidente de la Comisión de Juicio Político de Diputados, donde intima a los legisladores a que den a conocer el contenido del acta elaborada el pasado 26 de febrero donde decidieron rechazar el pedido de recusación que hicieron los ministros de la Corte sobre algunos diputados. En el mismo escrito se pide a los diputados de la Comisión mencionados en la nota publicada ayer por este diario para que ratifiquen o rectifiquen las declaraciones que hicieron dentro de la Comisión donde aceptaron la legalidad del pedido de recusación de la Corte -por tener en sus estudios particulares familiares que tramitan causas hoy en el máximo tribunal-, aunque después en el dictamen de la Comisión hayan rechazado los argumentos y firmado lo contrario.

El escrito enviado ayer a la Comisión está firmado por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López, y se centra específicamente en las declaraciones que los diputados hicieron bajo el secreto de la Comisión y que fueron publicadas en este diario a pesar de existir un pacto de silencio entre los legisladores.

«Una vez más los medios de prensa acceden a una serie de datos atinentes a la actuación de los legisladores y con el propósito de satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos. Pero, similar información, sistemáticamente les es negada a las personas cuyos derechos subjetivos están involucrados y que disfrutan de una potestad directa para acceder al conocimiento de ellos», dice el escrito de la Corte.

•Explicaciones

De seguir el requerimiento de Nazareno, Moliné O'Connor y Guillermo López, los diputados Ricardo Falú, María América González, Héctor Polino y hasta Elisa Carrió deberían ratificar o rectificar si inicialmente le plantearon a la Comisión su deseo de retirarse de la causa contra la Corte y luego ante presiones internas firmaron el dictamen que rechaza ese pedido del máximo tribunal. Al mismo tiempo los jueces de la Corte enviaron notas similares a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, controlada por la ultramenemista Alejandra Oviedo y a Asuntos Constitucionales, dirigida a Juan Urtubey.

Pero lo que más exasperó a la Corte fue la actuación de Nilda Garré en la Comisión y la supuesta existencia de un pacto de silencio para que los miembros del tribunal no se enteraran de las posturas personales y dudas que mantienen los diputados involucrados: «En la nota periodística se destacan las reservas expuestas por algunos miembros de la Comisión sobre su aptitud jurídica y ética para integrar la Comisión. También, la postura adoptada por la diputada Nilda Garré al manifestar: 'Darle la razón a la Corte en esto significa que se nos caiga la acusación a pedazos. No puede excusarse ninguno de ustedes porque van a pedir la nulidad de todo lo actuado...Nadie puede sacar los pies del plato'», dice el escrito.

Por último, además de considerar afectado su derecho de defensa, los jueces se quejan de la inexistencia de versiones taquigráficas sobre lo actuado en la Comisión: «Las graves irregularidades descriptas en la nota periodística; la decisión de concertar un 'pacto de silencio'; la negativa a levantar un acta fidedigna de la reunión con intervención de taquígrafos, bajo la excusa de que 'los ministros de la Corte se podía enterar de las deliberaciones', ponen en evidencia que la labor desplegada por algunos miembros de la Comisión dista de adecuarse a los principios jurídicos y éticos propios de una democracia», dijeron Nazareno, López y Moliné O'Connor.

Ayer, por la tarde, algunos miembros del bloque justicialista intentaron hacer circular entre los diputados un escrito para la firma donde se aclaraba que los legisladores no tenían causas en trámite ante la Corte. Pero muchos se negaron a firmar.

Guillermo Johnson, ex cavallista y ahora peronista cordobés, planteó la necesidad de encontrar un mecanismo de excusación para los diputados que tienen juicios en trámite en la órbita de la Corte donde ellos o familiares aparecen como patrocinantes. Todo esto a pesar de que Juicio Político ya dictaminó rechazar las recusaciones pedidas por la Corte.

El segundo punto que comenzó a correr ayer por los pasillos de Diputados fue la situación del ARI. Hoy existe un recurso elevado a la Corte Suprema por la banca de senador que la Cámara le niega a Alfredo Bravo y le cede a Gustavo Béliz. Si bien Carrió no es patrocinante en esa causa, el ser presidenta del ARI la haría parte y por lo tanto podría estar alcanzada, como miembro de Juicio Político, por las incompatibilidades de ley.